(zenit – 20 abril 2020).- Mons. José Adalberto Jiménez Mendoza, obispo del Vicariato Apostólico de Aguarico (Ecuador), transmite, a través de un comunicado, su preocupación por la ruptura de una sección del oleoducto de petróleo pesado (OCP) dentro del Sistema Trans-Ecuatoriano de Oleoductos (SOTE), ocurrida el pasado 7 de abril de 2020.
Efectivamente, el citado texto expresa la inquietud de la Iglesia Católica “que camina junto a las comunidades afectadas y hace suyo el clamor de las mismas y pide que el Estado y a la sociedad se hagan más sensibles y responsables en la defensa de la ‘Casa Común’” .
El desastre presenta un fuerte impacto, especialmente en un centenar de comunidades en Napo, Orellana y el norte de Perú.
Constataciones
De acuerdo a la citada nota del prelado, se ocultó información a las comunidades afectadas por la contaminación, ya que tanto la Petroecuador como el Gobierno solo revelaron que una “reducción en la presión en la tubería afectaría el funcionamiento del Sistema SOTE”, sin mencionar la ruptura de la tubería y el consiguiente derrame de petróleo.
Al mismo tiempo, Mons. Jiménez informa que aún no se han adoptado todas las medidas de contención, por lo que el crudo ha llegado a las aguas del río Coca y Napo, causando “una desgracia ecológica y ambiental”.
Igualmente, denuncia que “las comunidades locales están sufriendo el deterioro de su salud, la pérdida de sus garantías alimentarias y la estabilidad social”, ante dicha contaminación y la coincidencia de la pandemia de la COVID-19.
Exigencias
Por todo ello, el vicario exige que la información sobre las causas de lo sucedido y sobre las medidas a abordar sea transparente; que las autoridades nacionales y seccionales den “respuestas concretas, prácticas e inmediatas” a este desastre ambiental; que se realice la “inmediata e integral reparación ambiental y social” en las comunidades afectadas; y que se garantice “la calidad certificada del agua de consumo humano” tomada de los ríos Napo, Coca y Payamino.
Igualmente, Mons. Jiménez requiere la creación de una veeduría (inspectoría) “para garantizar la correcta información y la integra reparación ambiental y social” y exhorta a que la Defensoría del pueblo pida a las autoridades naciones y seccionales “la remediación ambiental y social”.
Denuncia de la Iglesia
De acuerdo a una nota de la agencia de noticias misionera Fides, la tubería se rompió el 7 de abril, aparentemente debido a causas naturales en las áreas que rodean la cascada de San Rafael, entre Napo y Sucumbíos.
Según las estimaciones iniciales, se calculan unos 4.000 barriles de petróleo crudo vertidos en los ríos Napo y Coca. Cerca de 100 comunidades en el área permanecieron sin agua durante unos días y aún hoy se realizan trabajos de limpieza especializados para restaurar los principales servicios en la zona.
Efectivamente, indica la misma fuente, han existido maniobras para ocultar o minimizar el incidente y solo las instituciones de la Iglesia han denunciado abiertamente este hecho junto con sus terribles consecuencias.
