Una vez concluida la investigación sobre la sustracción y difusión de documentos reservados, el Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano ha decidido enviar a juicio a cinco acusados, el sacerdote español Lucio Vallejo Balda, la relaciones públicas italiana Francesca Chaouqui, los periodistas Gianluigi Nuzzi y Emiliano Fittipaldi, y el secretario particular de Vallejo Balda, Nicola Maio, de quien hasta ahora no se conocía su supuesta implicación.
La primera audiencia se celebrará el próximo 24 de noviembre, a las 10.30 horas, según ha informado este sábado la Oficina de Prensa de la Santa Sede. El Código Penal del Vaticano, en su artículo 116 bis, considera delito la divulgación de noticias reservadas. De resultar condenados los imputados, las penas pueden oscilar entre los cuatro y los ocho años de reclusión.
El sacerdote español y la relaciones públicas italiana fueron detenidos el último fin de semana de octubre acusados de sustraer y filtrar numerosos documentos a los que habían tenido acceso dada su pertenencia a la Cosea, la comisión de ocho miembros creada por el papa Francisco en julio de 2013 para conocer la situación económica del Vaticano.
Tras prestar declaración ante la gendarmería vaticana, Vallejo Balda quedó detenido y Chaouqui, puesta en libertad. Con las investigaciones aún en marcha y antes incluso de que la fiscalía del Vaticano emitiese una acusación concreta, el Pontífice emitió un duro juicio el pasado 8 de noviembre, tras el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro. El Santo Padre recordó que robar estos documentos es un delito y un acto deplorable.
Una gran cantidad de información recogida por la Cosea aparece en los libros Via Crucis y Avarizia, escritos respectivamente por los periodistas Gianluigi Nuzzi y Emiliano Fittipaldi, puestos a la venta solo unas horas después de la detención del sacerdote español y la relaciones públicas italiana.
Hace solo unos días, la Santa Sede anunció que, además de a los dos miembros de la Cosea detenidos, la fiscalía también había decidido acusar a los periodistas Nuzzi y Fittipaldi por su posible complicidad en el delito de difusión de noticias y documentos reservados.
