(zenit – 8 oct. 2020).- Los obispos de la Iglesia católica de Panamá reiteraron este domingo, 4 de octubre, su posición sobre “la unión igualitaria”, afirmando que no se oponen a que personas de un mismo sexo “tengan una normativa legal en asuntos de herencia”.
En un comunicado firmado por el presidente de la Conferencia Episcopal de Panamá, monseñor Rafael Valdivieso Miranda, sostienen que “acogen y acompañan no solamente a las personas con estas preferencias hacia el mismo sexo, sino también a toda persona, especialmente las más necesitadas de amparo y protección”.
“La Iglesia, como se sabe, abraza y recibe a todos, en cualquier circunstancia, en cualquier condición, igual a las personas con esas preferencias”, resalta el documento.
Reacción ante planteamientos
La reacción del episcopado se da luego que el pasado 2 de octubre se celebró una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en donde representantes de la comunidad LGBTQ y del Estado panameño plantearon la situación del matrimonio igualitario en Panamá.
En estos momentos se está a la espera de la resolución de la Corte Suprema de Justicia Panameña de las demandas de inconstitucionalidad que buscan legalizar el matrimonio igualitario en el país canalero.
Matrimonio entre hombre y mujer
Al respecto, la Iglesia panameña explicó que seguirá defendiendo el matrimonio entre hombre y mujer. Por eso, pidió que no se equipare el matrimonio de ninguna forma con la unión igualitaria o de personas del mismo sexo, porque consideran que esto es una forma de socavar la familia, lo que han explicado en diferentes momentos.
Los obispos señalan que “evidentemente, la Iglesia se apoya en la Revelación Bíblica, que sostiene que Dios creó hombre y mujer; también se respalda en la realidad antropológica de la sexualidad y en el concepto de matrimonio. No es un tema religioso meramente, porque hay no creyentes que aceptan esta postura desde el punto de vista psicológico y antropológico”.
Finalmente, en el comunicado la jerarquía dice que “no es aceptable que un organismo internacional o un grupo concreto de ciudadanos, quieran imponer a un país la forma de entender el matrimonio y la familia”.