(zenit – 20 nov. 2020).- A continuación ofrecemos un artículo del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia, en el que Mª José García habla sobre los cuidados paliativos y la Ley de Eutanasia que el Gobierno está llevando a cabo en España.
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Cuidados paliativos. Más de 54.000 personas mueren sin ellos en España. Según la Organización Mundial de la Salud, el 86% de los ciudadanos que los necesitan, no los reciben.
Toda España estuvo y está escandalizada por el trato que han recibido nuestros mayores durante el confinamiento. La presidenta del Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAP), Cinta Pascual, no duda en calificar aquellos días como un auténtico infierno.
Durante el confinamiento, algunas de estas residencias no tuvieron suficientes médicos ni enfermeros, o bastante material de protección, test, respiradores, ni demasiadas posibilidades de derivación de pacientes a hospitales.
El personal de las residencias se enfrentó a serios dilemas éticos cuando, en ocasiones, los médicos tuvieron que prescribir morfina con más frecuencia de lo habitual. Algunos de los ancianos que llegaban a los hospitales eran apartados. Muchos familiares han pedido cárcel para los responsables de los triajes sanitarios.
Los familiares de aquellos mayores que murieron de forma tan inhumana desearían que se les hubiese practicado los cuidados paliativos. Y no solo ellos, la opinión pública española y los medios de comunicación clamaban un tratamiento de cuidados paliativos, una muerte digna para esos pacientes.
Estas vivencias tan dramáticas deberían servir para que reflexionemos seriamente sobre la necesidad que tiene este país de invertir en los cuidados que sirven para reducir o eliminar el dolor cuando la situación es insoportable.
¿Por qué no se habla de una Ley de Cuidados Paliativos en lugar de acelerar el proceso de aprobación de la Ley de Eutanasia? Se está jugando al olvido rápido.
El Comité de Bioética de España ha publicado un informe donde se afirma con rotundidad y sin lugar a dudas, que existen sólidas razones para rechazar que la eutanasia sea un derecho subjetivo y de una prestación pública. Esto es, por razones de fundamentación ética de la vida, dignidad y autonomía.
No me detendré en cada una de ellas porque sería muy largo y para ello está el propio informe del Comité de Bioética. Los defensores de la eutanasia se suelen aferrar a ella como una actuación compasiva eficaz que conduce a evitar los dolores y procurar una muerte en paz.
Sin embargo, tal compasión no legitima ética y legalmente una solicitud que no encuentra respaldo en una verdadera autonomía según el contexto actual de los cuidados paliativos y sociosanitarios.
Legalizar la eutanasia supone iniciar un camino de no retorno al eliminar la protección de la vida humana (como sucedió en algunos casos durante la primera ola del Covid y algunos de nuestros ancianos).
Los límites son muy difíciles de prever, y así lo demuestra la experiencia en Holanda, donde los médicos practican la eutanasia a criterio propio y sin notificación alguna. En algunos casos, el médico holandés se mueve motivado por el deseo de acabar con el sufrimiento extremo. Y en otros casos, el médico decide que, simplemente, hay vidas carentes de valor.
Frente a los casos de sufrimiento extremo, la protección integral y compasiva de la vida debería conllevar un protocolo para el uso de la sedación paliativa y la sedación agónica, según los casos. El objetivo de la sedación paliativa no busca la muerte del paciente, sino eliminar el dolor con fármacos para reducir la consciencia del paciente con enfermedad avanzada o en fase terminal.
La sedación en la agonía tampoco busca la muerte del paciente, aunque puede ser una consecuencia. El objetivo es la disminución profunda y previsiblemente irreversible de la conciencia en un enfermo cuya muerte se prevé muy próxima. Con esta sedación se evita el sufrimiento del paciente en los últimos momentos de su vida y conseguir una muerte confortable, sea en el hospital o el domicilio. Dicho de otro modo: una muerte digna.
¿Cuál es el camino que debe emprender la sociedad española? ¿Garantizar a todos los ciudadanos unos cuidados paliativos que proporcionen una muerte digna? O por el contrario ¿correr hacia la pendiente resbaladiza de la eutanasia para acabar como Holanda?
En cuanto a los pacientes crónicos, solicitan la eutanasia cuando el individuo ha muerto socialmente. Especialmente es así cuando no hay alternativas de ayuda en el sistema de salud. La ciudadanía se ve privada de un alivio real de su sufrimiento porque no hay condiciones para responder a sus necesidades, clínicas, psicológicas y espirituales.
Antes que la eutanasia, podría promoverse un mejor sistema de salud, donde se realice un tratamiento integral del paciente crónico como ser humano. Lo contrario es buscar una solución económica: nos cargamos al abuelo y asunto arreglado.
Con la terapia evitamos que el paciente sienta una coerción interna (la sensación de que no existe un espacio económico, social o existencial para seguir viviendo). Además, la terapia debería incluir el cuidado de la vulnerabilidad de la persona enferma, su desesperanza, la incapacidad para lidiar con la enfermedad y la posible deconstrucción del contexto social-familiar.
Deberíamos preguntarnos en qué sociedad vivimos en la que los ancianos mueren solos en sus casas sin que nadie los eche en falta.
Detrás de la petición de eutanasia también se esconde la soledad, la depresión, la desconfianza y el abandono de nuestros enfermos, moribundos y mayores. Esta cuestión va más allá de ofrecer unos cuidados paliativos.
Démosles un motivo para vivir, una esperanza. Cuando la eutanasia es solicitada por el enfermo existe un grave problema ético porque se trata de una derrota social y profesional ante el problema de la enfermedad y de la muerte.
Algunos pacientes solicitan morir para evitar ser una carga para otros. Frente a la eutanasia se puede apostar por una sociedad cuyos valores centrales sean la protección, frente a la vulnerabilidad y fragilidad, con responsabilidad, solidaridad y cuidados de calidad.
Frente al suicidio, a los profesionales sanitarios y a las familias siempre les queda la duda de si la persona que se suicidó contó con los apoyos que necesitaba para analizar sus opciones con lucidez.
Si las reglas que permiten la eutanasia se convierten en normas legales, los más desvalidos pueden acabar sufriendo prejuicios y perjuicios importantes, como el coste económico que supone mantener con vida a los más vulnerables.
La aprobación de la ley de eutanasia supondría una coacción social. Estaríamos trasladando el mensaje social hacia los vulnerables de que son una carga inútil para sus familias y para la sociedad.
Paradójicamente, desde la crisis económica de 2008, han sido los abuelos los que ayudan a sus hijos cuidando a los nietos. No podemos provocarles el sentimiento de que después de “haberlos usado en nuestro provecho” los descartamos sin más.
No existe el derecho a la muerte, pero sí el derecho a la vida. Una muerte digna debe ser aquella que llega en el momento que tiene que llegar, sin dolor, con cuidados paliativos, entre los que se incluyen la atención psicológica y espiritual.
Con la eutanasia, el gobierno no invertirá en cuidados paliativos. Y yo no querría que ningún gobierno me robase ni un solo día de la vida de mi madre. ¿Y tú?
Mª José García Crespo
Máster en Bioética
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir
