Por: Rebecca Oas
(ZENIT Noticias – Center for Family and Human Rights / Washington, 08.05.2023).- El término «embarazo forzado» vuelve a la agenda de la ONU cuando las naciones comienzan a negociar un tratado sobre crímenes contra la humanidad. Se trata de un viejo debate que hasta ahora han ganado los países provida.
Cuando los gobiernos negociaron los Estatutos de Roma de la Corte Penal Internacional a finales de los años 90, los países que apoyan el aborto presionaron mucho para definir el «embarazo forzado» como la imposibilidad legal de abortar. Esta coalición de países mayoritariamente occidentales fue derrotada por la persistente presión de los grupos provida.
La definición acordada ahora en el derecho internacional pasó a ser bastante limitada: dejar embarazada a una mujer y mantenerla cautiva hasta el nacimiento con el fin de cambiar la composición étnica de un país.
El esfuerzo por cambiar esta definición para incluir el aborto se está produciendo en todo el sistema de la ONU.
En su recién publicado «Informe sobre el estado de la población mundial«, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) afirma que la definición de «embarazo forzado» de la CPI «ha sido interpretada más ampliamente por los defensores para incluir, por ejemplo, situaciones en las que se niega el aborto a una persona embarazada».
El UNFPA cita a una organización de defensa de los derechos llamada Igualdad Ya, que ofrece su propia definición: «Se entiende por embarazo forzado cuando una mujer o niña se queda embarazada sin haberlo buscado o deseado, y se le niega, obstaculiza, retrasa o dificulta el aborto». Esta definición no procede de ninguna resolución negociada, y mucho menos de un tratado vinculante.
La definición de Igualdad Ya también omite partes cruciales de la definición del Estatuto de Roma, como la frase «el confinamiento ilegal de una mujer embarazada por la fuerza».
A principios de este mes, los delegados que debatían la redacción de un proyecto de convención sobre crímenes contra la humanidad también plantearon esta cuestión.
El representante del Reino Unido citó «la repugnancia de la interferencia forzosa con los derechos reproductivos» y pidió que la definición de «embarazo forzado» se «reforzara» en consecuencia. Los delegados de Cuba y Canadá también expresaron su interés por redefinir el término, y el delegado canadiense dio a entender que la frase ya había «evolucionado con el tiempo».
Entre los que presionan para que se produzca esta «evolución» se encuentra Human Rights Watch, que ofreció recomendaciones que incluyen la eliminación del lenguaje de la definición de «embarazo forzado» que hace referencia a las leyes nacionales. También recomendaron la eliminación de la «definición limitadora de “género” que se insertó en el Estatuto de Roma».
La palabra «género» se ha convertido en omnipresente en los documentos de la ONU, utilizándose a menudo como una forma de avanzar en cuestiones de orientación sexual e identidad de género que no serían aceptables si se enunciaran explícitamente. Sin embargo, «género» se definió en el Estatuto de Roma, tras extensas negociaciones, como referido a «los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad», añadiendo que «el término “género” no indica ningún significado distinto del anterior».
En las negociaciones sobre el borrador del tratado de «crímenes contra la humanidad», varios países, principalmente occidentales, expresaron su deseo de rechazar la definición de género del Estatuto de Roma, que había aparecido en un borrador anterior del tratado pero que se había suprimido desde entonces. El delegado del Reino Unido se refirió a esa definición como «ya no apropiada».
Traducción del original en lengua inglesa realizada por el director editorial de ZENIT.
