Pablo Hertfelder Garcia-Conde
(ZENIT Noticias / Ciudad de México, 05.10.2023).- Han pasado más de 50 años desde que el mártir Ramon Plata Moreno, inspirase la creación de la sociedad apostólica de los Cruzados de Cristo Rey (CCR). Estas últimas semanas han sido convulsas para la congregación de los Cruzados por el escándalo del P. Jose Víctor, el cuál ha suscitado todo tipo de críticas y condenas, tanto internas en la Iglesia como externas en los medios de comunicación de gran relevancia en México.
La sociedad de vida apostólica “Cruzados de Cristo Rey” (CCR), se ha defendido de las acusaciones vertidas hace unas semanas sobre el supuesto “encubrimiento” al que fuera superior general de la congregación hasta el año 2017, Jose Víctor Ortiz Montes.
Fue en ese mismo año, el 31 de Agosto (2017), cuando la Congregación determinó apartarlo de sus funciones como Superior General y de la congregación, poniendo al frente al P. Miguel Funes, el cual conoció de primera mano las denuncias que se vertían sobre el P. José Víctor y decidió actuar de manera tajante apartándole de la congregación y tomando las medidas cautelares necesarias.
El 10 de Noviembre de 2020, el que fuera superior general de los Cruzados, P. José Víctor Ortiz, fue expulsado de la congregación y advertido que la sociedad de vida apostólica tomaría medidas dentro de sus facultades para que la justicia actuase al respecto.
Los Cruzados advierten que en todo momento actuaron de manera correcta, eficaz y con total transparencia, sin encubrir al P José Víctor y denunciando que condenan todo tipo de encubrimiento.
El procedimiento que siguieron los Cruzados de Cristo Rey (CCR) contra el que fuese su superior general
La primera acusación formal fue presentada por una víctima el 29 de agosto de 2017. Dos días después, el 31 de agosto se le impusieron medidas cautelares canónicas al acusado, incluida la prohibición de todo trato con menores de edad.
Unos días después, la Arquidiócesis Primada de México recibió también la denuncia de la víctima, por lo que procedió a notificar a las autoridades civiles el 5 de septiembre de 2017 con un escrito dirigido al Procurador General de la República. Seguidamente procedió a realizar la investigación previa.
Durante la investigación se descubrieron indicios de conductas inapropiadas del acusado en años anteriores, que no consta que hayan sido denunciadas. Culminada la investigación previa, la Congregación para la Doctrina de la Fe pidió a la Arquidiócesis Primada de México que se iniciara un proceso penal administrativo.
Cuatro acusaciones nuevas se sumaron a la primera, por lo que el nuevo superior general de los Cruzados notificó a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales de la PGJDF el día 27 de agosto de 2018.
El proceso iniciado en la Arquidiócesis de México culminó con un decreto del 14 de octubre de 2020, que consideraba culpable al acusado y le imponía la pena de la expulsión del estado clerical. Por su parte, la Sociedad de Cruzados de Cristo Rey, con decreto del 10 de noviembre de 2020, también procedió a su expulsión.
Posteriormente, juzgando el recurso de apelación presentado por el acusado, la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede lo rechazó el 20 de septiembre de 2021.
El acusado presentó un nuevo recurso, que rechazó la Santa Sede el 26 de septiembre de 2022 y emanó la resolución definitiva del caso, confirmando el Decreto del Arzobispo que determinaba la expulsión del estado clerical.
Los Cruzados de Cristo Rey ofrecieron asesoría legal y apoyo psicológico a las víctimas de los abusos
Los CCR, a través de su superior general, el P. Miguel Funes, informan que asistieron de manera legal y brindando apoyo psicológico a las víctimas y familias de los abusos realizados por el P José Víctor.
Son declaraciones del mismo superior general de los Cruzados: “como está marcado en las atribuciones legales, en todo momento se manifestó a las familias de las víctimas la importancia de que presentaran las denuncias correspondientes a las autoridades civiles, para que se iniciaran las investigaciones penales. Corresponde a losdirectamente afectados realizar las denuncias pertinentes, toda vez que a las asociaciones religiosas les corresponde presentar notificaciones de los hechos ocurridos de acuerdo con lo narrado por las víctimas, como se hizo en su momento”.
