TEGUCIGALPA, lunes 27 febrero 2012 (ZENIT.org).- Ante la tragedia vivida en Honduras, con la muerte de 360 presos en el incendio de la cárcel de Comayagua, la Conferencia Episcopal hizo público el 24 de febrero un comunicado con el título “En defensa de la vida”.
“Con profundo dolor –dicen los obispos hondureños- hemos vivido una nueva calamidad en el mundo carcelario que, en la Granja Penal de Comayagua, ha provocado 360 víctimas mortales así como dolor y desesperación a sus familiares”.
Ante la tragedia, los obispos piden “a las autoridades correspondientes una completa investigación de los hechos”, y, solidarizándose con el comunicado del obispo y el presbiterio de la Diócesis de Comayagua, piden “a las fuerzas vivas de la sociedad hondureña para que, unidos, exijamos a nuestras autoridades mejorar las condiciones de reclusión y las medidas de seguridad humana en los centros penales, para salvaguardar la integridad y la dignidad de los privados de libertad, y para que no se repita otra vez tan lamentable tragedia que hoy enluta a tantas familias hondureñas y nos entristece a todos”.
Los obispos afirman que “la situación deplorable de la mayoría de Centros Penales del país nos obliga a considerar este problema como un grave atentado a los Derechos Humanos de las personas que viven privadas de libertad”.
En este sentido, afirman que “no se trata tan sólo del hacinamiento, la falta de higiene o de alimentación; se trata de todos los problemas de violencia, asesinatos, corrupción, tortura psicológica, drogadicción, inmoralidad, ilegalidad, etc. que se viven en el interior de las cárceles”. “De estas lamentables condiciones –subrayan–, el Estado es responsable a través de las autoridades penitenciarias y también de los operadores de justicia, que mantienen una desmesurada mora judicial”.
Según los pastores, “el problema de la violencia tiene, en Honduras, una gravedad inusitada que nos exige serias reflexiones y compromisos inspirados en los valores del Reino de Dios, que es Reino de Justicia, Amor y Paz”.
A su parecer, “una agresividad no educada o influenciada por modelos familiares o sociales negativos, se traduce en actitudes de violencia”.
Y afirman que “hay razones serias para temer estallidos de violencia no sólo en la población carcelaria sino en la población general de Honduras que se siente constantemente agredida por aquellos miembros corruptos que están en el seno de las Fuerzas de Seguridad del Estado, por las consecuencias de la impunidad, por la falta de respuestas de los poderes del Estado a las demandas que son justas, por las promesas incumplidas y las políticas partidarias y populistas que benefician a unos pocos pero disgustan a la mayoría”.
Según los obispos, “se está construyendo una cultura que justifica las conductas violentas porque no es capaz de condenar el machismo, porque acepta la violencia como una consecuencia de la competitividad social y admite como un hecho normal el desprecio y rechazo entre grupos sociales que, por sentirse y pensar distinto a los otros, se descalifican mutuamente y se enfrentan con violencia”.
“En una cultura así –afirman–, la sociedad se vuelve incapaz de vislumbrar un futuro mejor, olvida sus valores y agota su moral. Y cuando esto sucede, se agota también la esperanza”.
La Iglesia Católica, frente a esta realidad, presenta la propuesta de trabajar por “Una cultura de paz y respeto por la vida”.
Se trata de una campaña, elaborada por Caritas, que pretende “crear un clima de respeto por la vida y la dignidad humana a nivel nacional, contribuyendo a la construcción de una sociedad tolerante y equitativa, centrada en el respeto y el bienestar de la persona humana”.
Los obispos exhortan a tomar parte activa en esta Campaña y convertirse en instrumentos de la Paz que Cristo ofrece al mundo.
Recuerdan que es tiempo de Cuaresma y tiempo de conversión.
Aluden a la nueva Ley fundamental de educación que, en su artículo 2 declara que la educación “Es el derecho humano que tiene toda persona de acceder al conocimiento que propicie el desarrollo de su personalidad y de sus capacidades, en condiciones de libertad e igualdad, teniendo como eje transversal el respeto a la dignidad del ser humano”.
Según los obispos, “los grandes problemas administrativos, didácticos, económicos y políticos que padece el sistema educativo en Honduras han de ir resolviéndose no sólo con la ayuda de una nueva Ley y sus reglamentos, sino, sobre todo, con el compromiso transparente del Estado, con la decidida participación de la Comunidad Educativa y la auditoría social que debemos ejercer todos los ciudadanos que queremos un mejor país”.
En cuanto a la seguridad en Honduras, la Conferencia Episcopal manifiesta “su honda preocupación por la fragilidad de las instituciones encargadas de cuidar la vida y los bienes de los que vivimos en el país”.
“Últimamente la Policía Nacional, entidad tan necesaria para cumplir tales fines –constatan–, se ha visto muy afectada por actos ilícitos, algunos realmente abominables, cometidos por miembros de esta institución. Pensamos que no todos los miembros de la Policía Nacional están involucrados en
estos hechos, pero es importante descubrir y aplicar la ley a todos los que han estado participando en actos delictivos que manchan la reputación de esa institución del Estado”.
Por lo tanto exigen “la depuración rápida y efectiva de la Policía Nacional”, al mismo tiempo que ofrecen sus “servicios espirituales para la formación integral”.
Y concluyen pidiendo “al Señor que nos renueve en la esperanza de la Vida eterna para que, desde esa esperanza, nos comprometamos todos los creyentes a hacer de esta vida humana un camino solidario que nos haga dignos de la salvación”.
