GINEBRA, viernes, 4 abril 2008 (ZENIT.org).- A pesar de la repulsa común de racismo, xenofobia y otras formas de intolerancia, «ningún rincón del mundo está exento de experiencias de discriminación racial», alerta el observador permanente de la Santa Sede ante la Oficina de Naciones Unidas e Instituciones Especializadas en Ginebra.
Tal flagelo, según monseñor Silvano Tomasi, hace oportuna y necesaria una implicación permanente del Consejo de Derechos Humanos, que ha celebrado su VII sesión ordinaria de 3 al 28 de marzo.
Este viernes la Sala de Prensa de la Santa Sede ha publicado intervenciones –del 18 y 19 de marzo– en las que el prelado subraya ante el Consejo la necesidad de considerar los derechos humanos fundándolos en la persona humana y en su inherente dignidad.
«Centrarse en la persona, en cualquier caso, no es una justificación para el individualismo», porque «ninguna persona llega a ser tal si no es en relación con otros, un proceso que empieza en la familia natural», recalca.
De este contexto relacional se desprende que derechos y deberes son inseparables; a cada derecho le corresponde un deber, y de su interacción y de la promoción del bien común las comunidades se forman y salvaguardan, explica monseñor Tomasi.
Para ello, siguiendo al prelado, hay que afrontar la tarea de proporcionar un entorno donde la persona pueda desarrollarse sin discriminaciones.
«No hay rincón del mundo exento de experiencias de discriminación racial, aunque es convicción común que el racismo, la xenofobia y formas relacionadas de intolerancia están condenadas por el derecho consuetudinario que todo Estado y sujeto está obligado a respetar», alerta monseñor Tomasi.
En el actual ámbito de globalización y de pluralización social, el camino a recorrer «no consiste en un diálogo abstracto de civilizaciones –expresa–, en una insistente defensa del «comunitarismo» o en una concepción del individuo desgajado de las relaciones humanas».
El Estado tampoco «puede basarse exclusivamente en la idea de la identidad nacional», sino que «la legislación internacional en derechos humanos reconoce claramente que la principal función del Estado es servir a la persona humana, su vida en comunidad y la promoción del bien común», recuerda.
Ni «asimilación radical» ni «separación» ni tolerancia por sí sola; «interacción», «integración» y reconocimiento de la diferencia e igualdad del otro –apunta– es lo que posibilita un genuino diálogo y la resolución de problemas prácticos de convivencia.
Monseñor Tomasi insiste en la necesidad de entornos donde toda persona disfrute de todos los derechos humanos, en cuya defensa y promoción recomienda centrarse.
Ello permitirá afrontar situaciones de intolerancia también religiosa, que demandan, por su complejidad, una actitud de colaboración utilizando los necesarios mecanismos internacionales. «Una aproximación común -prosigue el prelado- puede ser la de prestar especial atención a las víctimas de discriminaciones raciales y/o religiosas, cuyos derechos humanos básicos se niegan continuamente hasta el punto de la privación violenta de la vida».
«En algunos países -advierte ante el Comité de la ONU- es difícil para los cristianos profesar públicamente su fe».
La educación, así como la ratificación y uso de los instrumentos internacionales disponibles son medios necesarios para combatir la intolerancia.
Pero es prioritario, de acuerdo con monseñor Tomasi, un cambio de actitud que sustituya en el corazón -en purificación constante– el miedo o el espíritu de dominación por la solidaridad y la apertura a los demás.
«Éste es un papel fundamental de las religiones, que tienen la responsabilidad de ofrecer una enseñanza que haga hincapié en la dignidad de todo ser humano y la unidad de la familia humana», concluye.
Por Marta Lago
