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Apr 13, 2003 00:00
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La última vez que se ejecutó a una persona en Sri Lanka fue en 1976. Desde entonces, la pena de muerte ha sido suspendida y conmutada por cadena perpetua; sin embargo, no ha sido abolida.
En un comunicado difundido el 6 de abril, el presidente de la Conferencia Episcopal de Sri Lanka, el arzobispo de Colombo Oswald Gomis, expresó su firme oposición a la pena capital que, como recordó, «aún continúa aplicándose en nombre de la justicia».
La decisión del gobierno ha alarmado al episcopado: «Ningún país que contemple la pena capital puede decir que tiene un sistema judicial perfecto», declaró monseñor Gomis.
A principios de abril, los obispos católicos se reunieron con los obispos protestantes del Consejo Nacional de las Iglesias, llegando a un acuerdo sobre la firme oposición a la pena capital.
Católicos y protestantes solicitan en cambio «un refuerzo de las medidas de seguridad pública y una labor más eficaz de prevención de la delincuencia».
Si bien el episcopado católico reconoce el incremento de la criminalidad, subraya firmemente que la solución a este problema no está en la aplicación de la pena capital porque no actúa desde la disuasión.
«El crimen --afirmó monseñor Gomis-- debe ser combatido como un malestar social necesitado no de medidas punitivas que empeoren a los detenidos y rebajen su autoestima, sino de una acción correctiva que reanude los vínculos deteriorados con la sociedad y promueva la dignidad humana».
Según el prelado, la estrategia para conseguir este objetivo es doble: «En primer lugar, la sociedad civil debe aceptar la responsabilidad común hacia las personas que han cometido errores y emprender, como comunidad, una acción que solucione esa equivocación».
«En segundo lugar --concluyó el arzobispo de Colombo--, la sociedad civil debe insistir firmemente al Estado para lograr una revisión del Código Penal así como del sistema judicial, a fin de que se consiga mayor equidad e imparcialidad en el pleno respeto de la dignidad de todos».