(ZENIT Noticias / Santiago, 22.11.2024).- El reciente Decreto Nº 115, emitido por el Ministerio de Educación de Chile, ha desatado un debate de gran alcance en torno a la libertad religiosa y la autonomía de las confesiones. La nueva normativa, que redefine la regulación de la enseñanza religiosa en el país, ha generado una ola de críticas encabezadas por la Conferencia Episcopal Chilena (CECH), que advierte sobre un posible retroceso en el respeto a los derechos fundamentales.
Una norma bajo la lupa
La modificación introducida por el decreto busca alinear la normativa chilena con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, para la CECH, estas disposiciones van más allá de los requerimientos internacionales y constituyen una intromisión estatal en la gestión interna de las confesiones religiosas.
Uno de los puntos más controvertidos es la posibilidad de que la Subsecretaría de Educación intervenga en la revocación o denegación del certificado de idoneidad, un documento clave que habilita a los docentes para impartir enseñanza religiosa.
Hasta ahora, este proceso era exclusivo de las autoridades religiosas, que establecían criterios doctrinales y morales para evaluar a los profesores.
Autonomía versus control estatal
La Iglesia Católica ha señalado que el decreto compromete la capacidad de las confesiones para garantizar la calidad doctrinal de la enseñanza religiosa, un aspecto esencial para muchos proyectos educativos en el país. Entre las preocupaciones expresadas está la eliminación de la exigencia de títulos profesionales junto con el certificado de idoneidad, lo que, según la CECH, podría afectar tanto la calidad educativa como el respeto por las tradiciones religiosas.
Otro elemento polémico es la indefinición en la vigencia del certificado de idoneidad. La CECH considera que esto impide a las confesiones adaptar los requisitos ante posibles cambios doctrinales o morales, dificultando el mantenimiento de estándares adecuados.
Un llamado a la revisión
La Comisión de Educación del Episcopado ha elevado un documento a la Contraloría General de la República solicitando la revisión urgente de la normativa. En este, argumenta que el decreto afecta derechos consagrados tanto en la Constitución chilena como en tratados internacionales, incluyendo la libertad religiosa, el derecho de asociación y el de los padres a elegir una educación acorde con sus valores.
El Episcopado también acusa al decreto de limitar la diversidad religiosa al imponer condiciones que uniforman los proyectos educativos, en detrimento de una pluralidad que consideran vital para el bienestar espiritual de las comunidades.
Más allá de la Iglesia
Aunque el enfrentamiento está encabezado por la Iglesia Católica, otras confesiones religiosas han expresado preocupaciones similares, alertando sobre el impacto de estas medidas en su autonomía. El tema trasciende lo doctrinal para tocar fibras sensibles de la convivencia democrática en un país que históricamente ha valorado la diversidad religiosa.
Próximos pasos
En este contexto de tensiones, el llamado de la CECH no es solo a modificar el decreto, sino también a abrir un diálogo que garantice un equilibrio entre las exigencias estatales y los derechos de las comunidades religiosas. Resta por ver si el Gobierno está dispuesto a revisar su posición o si esta normativa se mantendrá como está, consolidándose como un nuevo punto de fricción en la relación entre la Iglesia y el Estado en Chile.
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