(ZENIT Noticias / Washington, 04.12.2024).- Mientras los tribunales federales dictan sentencias a activistas pro-vida bajo la administración de Biden, se han intensificado las acusaciones de aplicación desproporcionada de la Ley de Libertad de Acceso a las Entradas de las Clínicas (FACE). Varios activistas permanecen en prisión o esperan sentencia por manifestaciones pacíficas en centros de aborto, con la perspectiva de indultos del presidente electo Donald Trump en ciernes.
Enjuiciamientos en aumento
La Ley FACE, promulgada en 1994, ha sido utilizada por el Departamento de Justicia (DOJ) para procesar a más de 30 manifestantes pro-vida solo en 2023. Las protestas en Nashville, Mount Juliet (Tennessee), Washington, D.C. y Sterling Heights (Michigan) han dado lugar a cargos federales contra activistas, muchos de los cuales son ciudadanos de la tercera edad.
Entre los sentenciados se encuentra Lauren Handy, de 30 años, líder del Levantamiento Progresista Antiabortista, que recibió casi cinco años de prisión federal. Handy, sin dejarse intimidar por su sentencia, prometió continuar con su misión, afirmando que no permitiría que «el miedo o la vergüenza» le impidieran tratar a los no nacidos como iguales.
Jonathan Darnel, que grabó una protesta en Washington, D.C., que cerró temporalmente una clínica de abortos, fue sentenciado a casi tres años por su papel. Al reflexionar sobre la protesta, Darnel dijo: «Esperamos que algunos de esos niños se hayan salvado».
Activistas ancianos tras las rejas
El caso de Paulette Harlow, de 75 años, subraya la postura agresiva del Departamento de Justicia. Las imágenes de su manifestación muestran una oración pacífica y el canto de himnos, pero ahora cumple condena por bloquear las entradas de la clínica. De manera similar, Joan Bell, de 76 años, madre y abuela, fue sentenciada por su participación, y su esposo Chris ofreció su separación como reparación espiritual.
Jean Marshall, de 74 años, también enfrenta la posibilidad de ir a prisión a pesar del amplio apoyo de las comunidades pro vida, muchas de las cuales la ven como un símbolo del activismo sacrificial.
Ecos históricos y disparidades persistentes
Eva Ed, de 89 años, una sobreviviente de los campos de concentración de la Yugoslavia comunista, fue condenada por bloquear la entrada de una clínica de Michigan. Su caso ha llamado mucho la atención, ya que pone de relieve el marcado contraste en la aplicación de la ley: mientras que más de 100 ataques a centros de embarazo y a iglesias pro vida siguen sin resolverse, los manifestantes pro vida se enfrentan a una acción legal rápida y severa.
El fiscal general Merrick Garland ha atribuido esta disparidad a las diferentes circunstancias de los crímenes, argumentando que las protestas pro vida ocurren «a la luz del día», lo que facilita la identificación, mientras que el vandalismo pro aborto suele tener lugar «al amparo de la oscuridad».
La promesa de Trump
El presidente electo Trump ha criticado el enfoque del Departamento de Justicia, describiéndolo como impulsado por «ideologías marxistas y estalinistas». Trump se ha comprometido a indultar a los activistas condenados, y ha calificado sus protestas como actos de conciencia y no como conductas delictivas.
En un discurso pronunciado a principios de este año, Trump hizo referencia al caso de Harlow y condenó lo que considera una sentencia excesiva: “¿Once años por oración y protesta pacíficas? Esto no es justicia”.
Contraataque republicano
Los legisladores republicanos han expresado su preocupación por las prioridades del Departamento de Justicia, instando a que haya transparencia en sus investigaciones sobre la violencia contra las instituciones pro vida. Los grupos de defensa también exigen respuestas sobre la negligencia percibida en estos casos, que, según afirman, refleja un sesgo sistémico contra el movimiento pro vida.
Gracias por leer nuestros contenidos. Si deseas recibir el mail diario con las noticias de ZENIT puedes suscribirte gratuitamente a través de este enlace.
