(ZENIT Noticias / Washington, 05.12.2024).- En una tendencia que revela el importante impacto financiero y social de las políticas de atención médica en evolución, la administración Biden-Harris ha facilitado un aumento dramático en las intervenciones de transición de género financiadas por los contribuyentes. Estas incluyen cirugías, terapias hormonales y bloqueadores de la pubertad, servicios cada vez más accesibles tanto para adultos como para menores. Los datos recientes obtenidos por la Daily Caller News Foundation (DCNF) arrojan luz sobre los costos y el alcance de estos programas, así como los polémicos debates que generan en todo el país.
Gasto masivo en servicios de transición de género
Desde enero de 2018 hasta septiembre de 2023, 16 estados gastaron colectivamente más de $165 millones en servicios relacionados con la transición de género, con $45 millones asignados para menores de 17 años o menos. Illinois, Oregon y Washington lideraron los gastos, representando colectivamente más de $98 millones, incluidos los servicios para niños. Estos servicios van desde el asesoramiento en materia de salud mental hasta las cirugías que alteran la vida, y procedimientos como las mastectomías y los tratamientos hormonales están cada vez más cubiertos por Medicaid y otros programas estatales.
Un cambio sistemático en la accesibilidad
Bajo las administraciones demócratas, los cambios clave en las políticas han transformado la forma en que los sistemas de atención médica abordan los servicios de transición de género. La reinterpretación de las políticas antidiscriminación por parte de la administración Obama-Biden en 2014 y 2016 marcó el comienzo de este cambio. Al redefinir la «discriminación sexual» para incluir la identidad de género, se obligó a las aseguradoras a cubrir la atención de afirmación de género, desde la terapia hormonal hasta los procedimientos quirúrgicos.
La administración Biden-Harris restableció y amplió aún más estas medidas, revirtiendo las reversiones de la era Trump y reforzando los mandatos para que las aseguradoras y los proveedores de atención médica ofrezcan servicios de transición de género. Los críticos, incluido Roger Severino, exdirector de la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos, argumentan que estas políticas imponen una conformidad ideológica a los profesionales médicos, a menudo en desacuerdo con su juicio clínico.
Los niños en la vanguardia del debate
Los datos subrayan un marcado aumento de las intervenciones de transición de género pediátrica. Entre 2016 y 2019, las cirugías para niños de 12 a 18 años se triplicaron, según un estudio de 2023 del Journal of the American Medical Association. Los factores que impulsan este aumento incluyen una mayor accesibilidad a través de Medicaid y la proliferación de especialistas en atención de afirmación de género. El Dr. Jason Rafferty, una voz líder en política de género pediátrica, atribuye el crecimiento a la eliminación de barreras financieras y logísticas, con más cirujanos disponibles ahora para realizar estos procedimientos.
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— Do No Harm (@donoharm) October 13, 2024
Sin embargo, la creciente prevalencia de tales intervenciones ha encendido intensos debates éticos. Grupos de defensa como Do No Harm argumentan que las prácticas actuales priorizan las agendas políticas sobre la atención basada en evidencia, con impactos profundos y potencialmente irreversibles en los menores.
Transparencia financiera y preocupación pública
Obtener un panorama completo del gasto de los contribuyentes en estos servicios sigue siendo un desafío. Mientras que algunos estados proporcionaron datos detallados al DCNF, otros se negaron directamente o impusieron tarifas prohibitivas para acceder a los registros públicos. Por ejemplo, Rhode Island exigió más de $3,000 para procesar las solicitudes, lo que planteó preguntas sobre la rendición de cuentas y la transparencia en los gastos de atención médica pública.
Un panorama de políticas polarizante
La rápida expansión de los servicios de transición de género resalta la polarización más amplia en torno a la identidad de género y la atención médica. Los defensores argumentan que estas medidas representan pasos esenciales hacia la inclusión y el apoyo a la salud mental para las personas transgénero. Los detractores argumentan que tales políticas obligan a los contribuyentes a financiar procedimientos experimentales, particularmente para menores, y erosionan la autonomía de los profesionales médicos.
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