Siguen las atrocidades del gobierno en Sudán

17 mar 2001 (ZENIT.org).-La guerra civil en Sudán sigue cobrándose vidas.
Con unos dos millones de víctimas mortales es, con mucho, la más sangrienta de la historia reciente de Africa. A pesar de las repetidas condenas tanto de gobiernos como de grupos de derechos humanos, el Gobierno de Sudán no ha dado signos de reducir su brutal conducta.

El «Globe and Mail» (9 de marzo) relataba la vida de los habitantes del sur del país, zona que lucha por la secesión y que ha sido reducida a un nivel de subsistencia primitivo, habiendo perdido el acceso a la electricidad y a los métodos agrícolas modernos.

El artículo cita a Roger Winter, director ejecutivo del Comité de Refugiados de Estados Unidos, en Washington, quien manifestó: «yo diría que hay un genocidio en marcha».

En 1989 un golpe militar derrocó al Gobierno de Sudán, elegido democráticamente, y llevó al poder al teniente general Omar Hassan Al-Bashir y a su Consejo de Mando de la Revolución de Salvación Nacional. Poco después la Constitución fue suspendida y abolida la libertad de prensa.

En diciembre pasado, Al Bashir fue elegido por otro mandato de cinco años, pese a que los mayores partidos de oposición boicotearon las elecciones, y hubo acusaciones de fraude electoral. El partido de Al Bashir, el Congreso Nacional/Frente Islámico Nacional, obtuvo 340 de los 360 escaños del Parlamento.

La guerra civil, que se estima ha producido la muerte de al menos dos millones de personas, permanece activa desde hace 18 años. El conflicto en parte tiene una motivación religiosa. El Gobierno islámico fundamentalista dominado por árabes, en el norte de Sudán, ha declarado la guerra santa contra el sur, donde predominan los africanos negros que practican el cristianismo o religiones tradicionales africanas.

El principal grupo insurgente en el sur es el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán (SPLM), brazo político del Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán (SPLA). Durante algún tiempo ningún bando estaba preparado para la guerra; aunque recientemente las ganancias del petróleo han posibilitado a las fuerzas gubernamentales la compra de un número cada vez mayor de suministros de armamento. Todos los intentos de negociar el fin del conflicto han fracasado.

El gobierno pisotea los derechos humanos

Numerosas organizaciones de defensa de los derechos humanos han hecho pública la falta de respeto a las libertades individuales y la libertad religiosa por parte del Gobierno de Sudán. El Centro de Libertad Religiosa de la Casa de la Libertad condena al Gobierno como «el único en el mundo implicado hoy en la esclavitud, como documenta el informador especial de Naciones Unidas en Sudán y el Departamento de Estado de EE.UU.

La Casa de la Libertad también acusa a las fuerzas militares de los repetidos bombardeos e incendios de hospitales, campos de refugiados, iglesias y otros objetivos civiles. Asimismo, mediante la manipulación de la ayuda alimentaria del exterior o la hambruna calculada, el Gobierno llevó a 2,6 millones de sudaneses del sur al borde de la inanición en 1998 y unas cien mil personas de hecho murieron de hambre.

Otros abusos son el incendio y el saqueo en las aldeas del sur, seguidos de «la reducción a la esclavitud y el rapto de miles de mujeres y niños, y el secuestro y conversión forzosa de chicos cristianos». La Casa de la Libertad también acusa al Gobierno sudanés de maltratar a cristianos, incluido el clero, que han sido «encarcelados, azotados, torturados y asesinados por su fe.

En su Informe 2001 sobre derechos humanos, la organización «Human Rights Watch» confirma estos cargos contra Sudán. El informe describe al Gobierno de Sudán como «un gran violador de los derechos humanos», al tiempo que reconoce que los «grupos guerrilleros cometieron también su parte de violaciones».

Otro grupo que protesta por la situación en Sudán es «International Christian Concern». Describe cómo en muchos casos las fuerzas militares del norte siguen una política de tierra quemada. Se bloquean las zonas por tierra y aire mientras avanzan las tropas gubernamentales. Luego se envían unidades ordenando «desalojar» el área. Todo el pueblo y el ganado son capturados o se les da muerte, y se destruyen las edificaciones. Se obliga a los supervivientes a realojarse en «campos de paz», donde los jóvenes se ven separados de su familia y enviados a otros campos para su adoctrinamiento por fundamentalistas islámicos.

«International Christian Concern» también ha publicado un informe sobre cómo está empleando Sudán las ganancias del petróleo en mantener su campaña militar. En este empeño, Sudán está recibiendo el apoyo de sus socios extranjeros. El consorcio «Greater Nile Petroleum Operating Company» (GNPOC) tiene cuatro socios económicos: la «China National Petroleum Corp» (40% de participación); «Petronas», compañía estatal malasia (30%); «Talisman Energy», compañía privada canadiense (25%); y «Suda-Pet», una
compañía sudanesa estatal (5%).

Según «International Christian Concern», Talisman es signataria del «International Code of Ethics for Canadian Businesses». Sin embargo, las investigaciones ordenadas por el inistro de Exteriores canadiense, Lloyd Axworthy, indican que una pista de aterrizaje relacionada con las operaciones de Talisman en Sudán ha sido utilizada por las fuerzas militares sudanesas. Helicópteros de combate y bombarderos Antonov han empleado la pista de aterrizaje de Talisman en su ruta para realizar incursiones de bombardeos en el sur de Sudán. «International Christian Concern» apunta que se estima que el año pasado el Gobierno usó los aviones Antonov para bombardear unos 113 objetivos civiles. Hospitales, iglesias, escuelas y agencias de ayuda fueron el centro de los bombardeos gubernamentales.

Ultimas noticias

Según «The Telegraph» (7 de marzo), hay ciertas señales de divisiones internas que están debilitando al Gobierno islámico del norte. Hassan al-Turabi, «la eminencia gris, educada en La Sorbona, del Islam radical de Sudán», está ahora en la cárcel tras su detención hace varias semanas por firmar un memorándum de entendimiento con los rebeldes del sur.

Pero la lucha interna puede que no suponga un alivio inmediato del conflicto. «The Telegraph» afirma que sólo en los tres últimos meses 20.000 personas, en su mayoría civiles, han muerto en la guerra. Y las fuerzas gubernamentales han lanzado nuevas ofensivas para acordonar las reservas petrolíferas del sur.

Mientras tanto, la ONU ha enviado a un investigador de derechos humanos a Sudán, Gerhart Baum, quien ha iniciado su primera misión en el país. Según la BBC (11 de marzo), Baum tuvo un encuentro con el destacado activista en favor de los derechos humanos, Ghazi Suleiman, del Grupo Sudanés por los Derechos Humanos.

Algunos esperan que el nuevo presidente estadounidense se dedique a la causa de Sudán. El secretario de Estado de EE.UU, Colin Powell, dijo recientemente a un panel de congresistas que «quizá no existe hoy mayor tragedia sobre la faz de la tierra que la que se está desarrollando en Sudán», según «Associated Press» (9 de marzo).

Un artículo del «Washington Post» (11 de marzo) subrayaba que el senador Bill Frist, «el hombre principal de Bush en el Senado y en contacto permanente con el presidente», tiene experiencia de primera mano sobre la situación sudanesa, ya que estuvo en zonas prohibidas por el Gobierno. Otro influyente senador republicano, Sam Brownback, es también muy crítico con Sudán y está presionando a la Administración para que se dedique a parar la guerra. El «Post» informaba que Brownback «ha exhortado a los que frecuentan la iglesia en su estado a que se unan a la causa de los cristianos oprimidos por el Gobierno militante musulmán de Jartum».

Algo se ha conseguido recientemente. En febrero, UNICEF anunciaba que había logrado sacar por vía aérea fuera de la frontera del sur de Sudán a más de 2.800 niños-soldado desmovilizados, según un informe de la agencia Reuters (28 de febrero).

Los rebeldes del sur de Sudán entregaron a los niños soldados, de entre 8 y 18 años, a la ONU, que ahora intentará encontrar a sus familias. La evacuación secreta de cinco días desde la zona de combate seguía a la promesa del pasado octubre del líder del SPLA a Carol Bellamy, directora ejecutiva de UNICEF: desmovilizar a todos sus niños-soldado.

Venga la presión de Estados Unidos, de Naciones Unidas o de otros gobiernos, el mundo claramente no puede permitir que el conflicto prosiga en Sudán.