GUATEMALA, 22 mar 2001 (ZENIT.org).- Una jueza encargada del caso del asesinato del obispo Juan Gerardi Conedera salió ilesa de un atentado con explosivos en su casa la noche del miércoles.
Testigos presenciales han informado que se lanzaron dos granadas de fragmentación contra la residencia de Iris Jazmín Barrios Aguilar, juez del tribunal que hoy dio inicio al juicio sobre el asesinato del obispo auxiliar de Guatemala y defensor de los derechos humanos.
Tras los sucedido, Barrios declaró que todavía no ha decidido si renunciará al caso o no. «Estoy bastante molesta y enojada porque lanzaron dos granadas por la parte de atrás del patio. Aunque físicamente estoy bien, destruyeron un depósito de agua e hicieron un hoyo en el patio», explicó la jueza afectada.
Por su parte, los tres militares guatemaltecos acusados de asesinar al obispo Juan Gerardi el 26 de abril de 1998 se negaban en el momento del cierre de esta edición a salir de la prisión para acudir a la apertura del juicio en el que se espera aclarar el crimen del prelado, según fuentes humanitarias.
El director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), Nery Rodenas, hizo esa denuncia ante la prensa en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde hoy estaba previsto que comenzara el juicio.
Los militares acusados del asesinato de Gerardi son el coronel retirado Byron Disrael Lima Estrada; su hijo, el capitán Byron Lima Oliva, y el ex guardaespaldas presidencial José Obdulio Villanueva.
«Nos parece una forma bastante burda de querer burlar a la justicia, y de ninguna forma se justifican las actitudes que ellos están asumiendo de no quererse presentar» al juicio, manifestó Rodenas.
Además, enfrentan cargos de asesinato el sacerdote Mario Orantes, asistente de Gerardi y de encubrimiento la cocinera de ambos, Margarita López.
Monseñor Gerardi fue asesinado dos días después de presentar un informe en el que se narran las peores violaciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra de 36 años que concluyó en 1996, la mayoría de las cuales se atribuyeron al Ejército.
Testigos, jueces y fiscales del caso han renunciado ya en el pasado tras haber sufrido violencia o amenazas.
