BARCELONA, martes, 11 enero 2005 (ZENIT.org–Veritas).- La Fundación Escuela Cristiana de Cataluña ha pedido al Ministerio de Educación que la nueva ley de educación garantice un sistema educativo plural institucionalizado que respete la autonomía de los centros docentes de iniciativa social.
Lo ha hecho remitiéndole un informe con sus aportaciones y con una valoración global del documento «Una educación de calidad para todos y entre todos», presentado por el Ministerio en septiembre de 2004, presentado este martes en rueda de prensa en Barcelona.
En nombre de 428 centros escolares católicos en los que se educan 248.124 alumnos, el salesiano Francesc Riu pidió mayor autonomía para las escuelas y un estudio riguroso que permita a las Administraciones educativas conocer lo que cuesta la educación en cada centro y aplicar un sistema de financiación que permita la gratuidad de la educación y evite la discriminación.
Con la presentación del informe «Aportaciones al Debate Educativo sobre el contenido del documento Una educación de calidad para todos y entre todos», la Fundación Escuela Cristiana de Cataluña pretende contribuir a la preparación del nuevo proyecto de Ley orgánica sobre educación y muestra, en palabras de Riu, el «espíritu constructivo» con el que desea participar en el debate, lejos de acciones como recogidas de firmas o manifestaciones en la calle.
Entre las propuestas de las escuelas cristianas de Cataluña, destaca la del compromiso de las Administraciones con la real igualdad de oportunidades para el acceso a una educación de calidad y la promoción para que los padres tengan libertad para optar por un modelo educativo u otro.
El sistema de financiación influye en este ámbito, de manera que la fundación pide «un estudio serio del sistema de financiación y de la garantía de las medidas adecuadas de organización escolar», para poder ofrecer mayor diversificación y flexibilidad de materias y ofertas.
Las escuelas cristianas de Cataluña también piden mayor autonomía para los centros de iniciativa social, advirtiendo en su informe que «la abundancia de normas y reglamentos que emanan de las administraciones educativas ahogan toda posibilidad de iniciativa de los equipos directivos de los centros».
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