MADRID/PAMPLONA, jueves, 13 enero 2005 (ZENIT.org).- En plenas fiestas de Navidad y durante el último Consejo de Ministros del año, el pasado 30 de diciembre el gobierno de España daba luz verde al anteproyecto de ley de reforma del Código Civil que, de prosperar en su camino parlamentario, permitiría a personas del mismo sexo contraer «matrimonio» y abriría las puertas a la adopción de niños en este contexto.
En España se levantaron críticas porque la decisión, entre otros aspectos, desoye el dictamen –aún no siendo vinculnte– del Consejo de Estado –máximo órgano consultivo—, incumple la obligación de remitir el proyecto de ley al Consejo General del Poder Judicial, prescinde del debate social y no responde a una auténtica demanda –sólo el 0,11% de las parejas censadas en el país son homosexuales— (Cf. Zenit, 8 enero 2005).
El Foro Español de la Familia (FEF), que representa a más de 4 millones de familias españolas, ofrece en su página www.forofamilia.org la versión íntegra del dictamen del Consejo de Estado, «un texto que apenas ha circulado y que podría servir incluso de sólido fundamento jurídico cuando se plantee un recurso de inconstitucionalidad contra esa equiparación», cita.
Al tiempo que se debate ese proyecto de ley, existe otro de Iniciativa Popular presentado por el FEF que también deberá ser debatido en mayo. Su objetivo es salvaguardar los derechos del matrimonio, la familia y los niños en relación con otro tipo de uniones, por lo que propone la modificación de los artículos 44.1 y 175.4 del Código Civil. Admitida a trámite, se están recogiendo las 500 mil firmas necesarias para que el proyecto de ley se debata y se vote en las Cortes.
La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) es una forma de participación política popular reconocida en la Constitución Española mediante la cual los ciudadanos presentan una ley ante las Cortes Generales para que sea discutida y tramitada; así se puede procurar la discusión parlamentaria de una norma que interesa a un gran número de ciudadanos, pero que los políticos no propondrían por diferentes motivos.
El plazo de recogida de firmas de esta ILP termina el 5 de abril. El pasado 29 de diciembre, a sólo dos meses del inicio de la campaña, ya se habían reunido más de 300 mil.
La intención de la propuesta legislativa del FEF es reforzar el mandato legal de que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer y por otro lado procura además el reforzamiento legal de la capacidad para adoptar atendiendo a los intereses del menor.
La proposición –aclaran sus promotores– «supone un mayor respaldo jurídico a la familia, y pretende salvaguardar los perfiles del matrimonio sin mezclas ni confusiones con otras formas de convivencia entre adultos, garantizando la mayor libertad y pluralidad de otros modos de convivencia», y «no discrimina ni va contra los derechos de nadie, sino que logra que el nuevo pluralismo social se potencie sin ir en detrimento de lo ya probado como justo y eficaz» (más información en www.noesigual.org).
A finales de año, por su parte, la Conferencia Episcopal Española lanzó su segunda campaña de información sobre las enseñanzas de la Iglesia en algunas cuestiones morales, centrada en este caso en el matrimonio (Cf. «Hombre y mujer los creó»).
Mientras, el 7 de enero, en su carta semanal, el arzobispo de Pamplona y secretario del episcopado español, monseñor Fernando Sebastián, pedía una reacción social de defensa a la decisión del gobierno español. Por su interés, reproducimos a continuación el texto íntegro de la misiva.
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PUES NO ES ASÍ
Ya está. Nuestro gobierno ha decidido que sea igual lo que es diferente. Da igual que se casen un hombre y una mujer, o que se casen dos hombres, o dos mujeres… Todo es matrimonio, y todos tienen los mismos derechos. Pues no, señor.
No se puede entender cómo nuestros gobernantes se han empeñado en una cosa tan absurda. Desde el punto de vista social y público ¿es igual el amor de dos personas del mismo sexo, que el amor entre un hombre y una mujer? Todo el mundo sabe que no son iguales los sentimientos, ni las relaciones, ni las consecuencias.
Con este paso no se corrige ninguna discriminación. Todos tienen derecho a contraer matrimonio. Es decir, a casarse con una persona del otro sexo. Si alguien, por lo que sea, no quiere o no puede hacerlo, habrá que ayudarle. Pero el remedio no es unirse con una persona del mismo sexo diciendo que eso es un matrimonio.
Con todo, si hay personas que quieren vivir así, a lo mejor está justificado que el Estado regule algunos aspectos y algunas consecuencias de esa convivencia. Pero que no se empeñen en equipararla con el matrimonio, porque no lo es. A no ser que cambien la definición literaria, la figura jurídica y la identidad cultural del matrimonio.
La equiparación de la convivencia entre dos personas del mismo sexo y el matrimonio entre hombre y mujer, implica al menos estas dos cosas,
1ª, que el matrimonio, entendido como unión de amor permanente entre hombre y mujer y lugar adecuado para la multiplicación de la vida, ha dejado de ser la célula básica de nuestra sociedad y nuestra convivencia. Algo inusitado, de consecuencias insospechadas.
2ª, Que el sexo de la persona sea considerado como una realidad indeterminada que cada uno puede dirigir y orientar como le parezca mejor. Por eso algunos hablan de “orientación sexual” en vez de hablar clara y directamente de sexo. En estas cuestiones cada uno puede orientarse como quiera. Todo es igual.
En el fondo de la cuestión está de nuevo la visión de la persona como dueña absoluta y última de su vida, sin ninguna referencia moral trascendente fundada en el reconocimiento del Creador o por lo menos de una naturaleza objetiva anterior a cada individuo. La persona es dueña absoluta de su existencia, creadora de sí misma, capaz por tanto de orientar su vida como le parezca. De nuevo el ateísmo como condición para alcanzar una quimérica libertad absoluta y autocreadora. Pero la realidad no es así. Prescindamos de consideraciones teológicas y aun religiosas. Todos, salvo alguna posible anormalidad de la naturaleza, nacemos con un cuerpo sexuado, masculino o femenino. Ocurre que la sexualidad humana no es pura genitalidad, necesita ser insertada en la vida personal y por eso cada persona tiene como tarea reconocerse a sí misma y desarrollar los sentimientos y las tendencias afectivas congruentes con su propia biología.
Una persona dotada biológicamente de sexualidad masculina o femenina, y con sentimientos, sensibilidad y tendencias del sexo contrario, se quiera o no, es una persona mal configurada, psicológicamente mal resuelta. Por eso lo “homo” no es igual que lo “hetero”. Se diga lo que se diga.
Decir esto no es ganas de buscar la confrontación, ni de menospreciar a nadie. Para mí todos son hijos de Dios y todos me merecen el mismo respeto. Pero como un varón no es igual que una mujer, aunque los dos tengan la misma dignidad, un “homo” tampoco es igual que un “hetero”, aun teniendo la misma dignidad y los mismos derecho personales. Es preciso decir esto con claridad porque la maduración personal de la sexualidad, en el hombre y en la mujer, además de ser un proceso biológico, es también un proceso psicológico, que necesita ser ayudado y dirigido para que termine bien, es decir para que termine en una personalidad del todo masculina o del todo fem
enina, en la cual lo biológico y lo psicológico coincidan.
Si esto no se dice con claridad, si nos callamos y dejamos que se vaya normalizando eso de que da lo mismo ser homo que hetero, es posible que nos encontremos dentro de poco con una verdadera epidemia de homosexualidad, fuente de problemas psicológicos y de frustraciones dolorosas.
Cuando hacemos estas advertencias desde la Iglesia no es por falta de afecto o de respeto hacia los homosexuales, sino para evitar la extensión de esta alteración que ocasiona muchos sufrimientos, para defender a nuestros jóvenes de experiencias equivocadas que pueden acarrearles muchas dificultades, y para decirles a los homosexuales que, si quieren, con ayudas bien dirigidas, pueden cambiar su situación.
La Iglesia considera deficientes y pecaminosas las relaciones erótico sexuales entre dos personas del mismo sexo, porque no expresan correctamente la sexualidad humana, tal como está inserta por Dios en nuestra naturaleza, que supone una cierta alteridad entre personas de distinto sexo y la capacidad conjunta para la procreación. No es ninguna injuria ni ninguna discriminación. También considera deficientes y pecaminosas las relaciones sexuales entre personas heterosexuales fuera del matrimonio o que excluyan expresamente la posibilidad de la multiplicación de la vida.
Hablar así hoy, no es “culturalmente” ni “políticamente” correcto. Puede incluso acarrear represalias violentas. No sería la primera vez. Sin embargo sí es cristianamente correcto, y por eso mismo es humanamente y socialmente correcto, justo y obligado. La sociedad española tiene que defenderse, rechazando por todos los medios legítimos que estén en su mano esta decisión del gobierno que de ninguna manera puede entenderse ni justificarse como un acto de servicio al bien común.
Ya era antes, pero la recta educación sexual de los niños, adolescentes y jóvenes comienza a ser un obligación urgente y grave de los padres cristianos, de los educadores, de los profesores, catequistas y sacerdotes, con el fin de ofrecerles a tiempo una formación clara, firme, abierta al crecimiento personal y afectivo, conforme con la naturaleza y con la sabiduría de Dios, en estas materias referentes a la sexualidad, afectividad, matrimonio, procreación y educación de los hijos, tan importantes para la perfección personal y la salud social. Y nos queda la obligación de hacer lo posible para eliminar esta ley arbitraria e injusta. Los años de los hombres son ante Dios como un día.
Mons. Fernando Sebastián Aguilar
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
