Anima también a que «empresarios y empleadores no deben dudar a la hora de firmar con los trabajadores inmigrantes un contrato de trabajo, cuyas condiciones deben ajustarse a las establecidas por la normativa vigente y darles de alta en la Seguridad Social».
La apertura del proceso de normalización de trabajadores inmigrantes tendrá lugar el 7 de febrero.
La delegación recuerda que se falta al derecho y a la ética cada vez que «no se asumen responsablemente las obligaciones del contrato que se ha firmado, incumpliendo la palabra dada», cuando no se respetan sus derechos socio-laborales, no pagándoles un salario digno, no respetándoles un horario normalizado o cuando no se les da de alta en la Seguridad Social.
También llama la atención sobre la responsabilidad de los inmigrantes, a los que piden que cumplan sus deberes fiscales, de Seguridad Social y obligaciones contractuales, a la vez de que informen y dialoguen con sus empleadores sobre las posibilidades que abre este proceso de normalización.
Por otra parte, denuncia que se intente «dar apariencia de legalidad a situaciones que no se corresponden con la realidad firmando contratos sin tener auténtica voluntad de cumplirlos».
«Hemos de evitar todos el fraude, que no debe darse ni por favor, caridad mal entendida, ni por supuesto contra precio alguno», añade. Estas conductas, declara, «contradicen gravemente las exigencias más fundamentales de la conciencia cristiana y la autenticidad de su testimonio de amor a Cristo y a los hermanos».
Al Estado le piden «equilibrar bienes y conjugar factores imprescindibles con sentido de justicia y equidad» para encontrar una «solución justa, solidaria y respetuosa de la dignidad de la persona» en la inmigración. A la sociedad, les piden en este sentido «al menos, el cumplimiento de la norma».
Por último, recuerda que el plazo para el proceso es de tres meses y no existe un número limitado de concesiones.
