GUATEMALA, jueves, 1 diciembre 2005 (ZENIT.org).- Consciente de que «entre sus responsabilidades está la de defender la vida», la Conferencia Episcopal de Guatemala solicita al presidente del país que vete la Ley de Acceso Universal y Equitativo de Servicios de Planificación Familiar.
El martes, tras reunirse, los prelados guatemaltecos difundieron un documento bajo el título «Dignidad de la vida humana» en el que difundieron su petición.
Denuncian que actualmente «impera una cultura de total irrespeto a la vida humana, desde la práctica del aborto hasta la muerte que causan las infrahumanas condiciones de vida en el campo y en los numerosos cinturones de miseria que rodean nuestras ciudades».
Igualmente les alarma «la conducta desordenada de tantos jóvenes en el uso de la sexualidad favorecida por una sociedad permisiva y hedonista» y «el incremento de enfermos contagiados» de Sida. .
Pero centra la preocupación del episcopado el hecho de que «el análisis de la pobreza sólo se relacione con el control de la natalidad».
«De la limitación del crecimiento demográfico, como lo pretenden algunos sectores, no se sigue necesariamente el desarrollo económico y social», alertan, apuntando como «totalmente equivocado querer resolver un problema socioeconómico, fruto de injusticias enquistadas en nuestra estructura social, recurriendo a meros servicios de tipo sanitario».
Y es que «la decisión de cuántos hijos se quieren tener es una decisión libre de la pareja –subrayan los obispos de Guatemala– que necesita estar adecuadamente informada sobre la naturaleza de la sexualidad humana, los aspectos culturales, religiosos, éticos, psicológicos y espirituales de la sexualidad».
Por eso, ante «la promulgación de la Ley de Acceso Universal y Equitativo de Servicios de Planificación Familiar», los prelados del país se ven «obligados» a manifestar su «total rechazo a la misma, porque contradice los planteamientos éticos anteriormente señalados».
Defienden que «son los padres de familia quienes tienen el derecho y la obligación de educar a los hijos», también en el «uso de la sexualidad», «y no el Estado o cualquier ONG. En todo caso nada puede hacerse sin el consentimiento de los padres cuando se trata de menores de edad».
Terminología «equívoca y ambigua» presenta también el texto normativo cuando habla de «métodos tradicionales y modernos»; en realidad «los métodos de regulación de la natalidad o son naturales o son artificiales», precisan los prelados.
Además encuentran en la citada Ley «flagrantes contradicciones a la norma constitucional que establece que “El Estado respeta la vida humana desde su concepción”» (Cf. Constitución de la República, Artículo 3).
«Hace años organismos internacionales han venido presionando a nuestros gobiernos y a otros en el área para que la población se reduzca drásticamente promoviendo métodos contraceptivos. ¿Permitiremos que sean ellos quienes nos impongan sus llamadas “normas internacionales” quitándonos el derecho a decidir por nosotros mismos?», cuestionan.
Firman el documento el presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala, el cardenal Rodolfo Quezada Toruño –arzobispo de Santiago de Guatemala–, y el secretario general del organismo eclesial, el obispo Víctor Hugo Palma Paúl –de Escuintla–.
