El órgano episcopal se reunió para tratar la cuestión después de que se publicara, el 8 de octubre, en el Boletín Oficial del Estado, el Real Decreto que regula las Enseñanzas mínimas de la educación primaria.
Una nota de prensa emitida por la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española, recuerda que «al terminar la reunión de la Comisión mixta Iglesia-Estado del día 5 de diciembre, ya se adelantó que, a pesar de los esfuerzos realizados por ambas partes, en el desarrollo de la Ley Orgánica de Educación (LOE) – rechazada en su día por la Conferencia Episcopal como no acorde con los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado Español – persisten dificultades fundamentales en lo que toca a la tutela de los derechos de los alumnos, de los profesores y de la Iglesia».
Entre tanto, revela el comunicado, «el Comité Ejecutivo ha tomado nota, con seria preocupación, de que en la educación primaria, la oferta de la llamada “atención educativa” a los alumnos que no cursen la religión católica no garantiza que quienes sí la cursen lo hagan en condiciones de no discriminación».
«De este modo queda sin tutela adecuada el ejercicio del derecho de los padres que piden libremente cada año, en proporciones altísimas, que sus hijos cursen la religión católica», afirma el comunicado.
Según los obispos, «elegir la educación religiosa y moral que desean para sus hijos es un derecho constitucionalmente reconocido que, además, el Estado se ha obligado a tutelar en virtud de sus Acuerdos con la Santa Sede».
Por otro lado, los obispos informan que «el Ministerio de Educación y Ciencia ha enviado a las Comunidades Autónomas una “Propuesta de regulación de la estructura del Bachillerato” que no menciona la asignatura de Religión».
«Se nos ha asegurado que esto no significa que el Real Decreto que en su momento se publique no vaya a contemplar la Religión como asignatura de oferta obligatoria en el Bachillerato», añaden.
«Si no fuera así –consideran los prelados–, se incumplirían flagrantemente los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede y se menoscabaría el derecho de los padres y de los alumnos a la enseñanza de la Religión».
El Comité Ejecutivo también ha discutido sobre el tratamiento que se da a la nueva asignatura llamada «Educación para la ciudadanía y derechos humanos» en el mencionado Real Decreto.
«Los obispos no se oponen a una educación para la convivencia que no suponga una formación moral de las conciencias de los alumnos impuesta a todos por los poderes públicos como asignatura obligatoria», indica la nota.
Sin embargo, ante lo dispuesto en este Real Decreto la nota episcopal confirma que «esta articulación concreta de la “Educación para la ciudadanía” comporta “el riesgo de una inaceptable intromisión del Estado en la educación moral de los alumnos, cuya responsabilidad primera corresponde a la familia y a la escuela».
