CIUDAD DEL VATICANO, jueves, 14 diciembre 2006 (ZENIT.org).- Benedicto XVI está convencido de que los gobernantes de las naciones evitarán conflictos y guerras si escuchan a la sociedad civil y responden a sus necesidades.
Ahora bien, según el mismo Papa, para esto es necesario entender el compromiso político no como «un servicio a las personas» y no como una manera de garantizar privilegios y poder a unos pocos.
Así lo expuso este jueves a los nuevos embajadores ante la Santa Sede de Dinamarca, Kirguizistán, Mozambique, Uganda, Siria y Lesotho, en un discurso conjunto que les dirigió en francés.
El pontífice comenzó reconociendo que «el año que concluye ha sido testigo de numerosos conflictos en los diferentes Continentes».
En particular, confesó la inquietud de la Santa Sede de que estos conflictos pongan «en peligro la supervivencia de poblaciones», haciendo «que recaiga sobre los más pobres el peso del sufrimiento y de la falta de los bienes más esenciales».
«Para afrontar estos fenómenos las autoridades y todas las personas que tienen responsabilidades en la sociedad civil deben escuchar cada vez más a sus pueblos, buscando las soluciones más eficaces para responder a las situaciones de desamparo y de pobreza, y para un reparto de beneficios lo más equitativo posible, tanto en el seno de cada nación como en el ámbito de la comunidad internacional», afirmó el obispo de Roma.
«Los responsables de la sociedad tienen efectivamente el deber de no crear ni mantener en un país o en una región situaciones de grave insatisfacción en ámbito político, económico o social, que harían pensar a las personas que son dejadas a un lado por la sociedad, y por los puestos de decisión y de gestión, y que carecen del derecho de gozar de los frutos de la producción nacional», afirmó.
Según Benedicto XVI, «esas injusticias sólo pueden ser fuente de desórdenes y engendrar una especie de escalada de la violencia».
«La búsqueda de la paz, de la justicia y de la buena armonía entre todos –añadió– debe ser uno de los objetivos prioritarios, que exige a los responsables de un país prestar atención a sus realidades concretas, comprometiéndose a suprimir todo lo que se opone a la equidad y a la solidaridad, particularmente la corrupción y la falta de división de los recursos».
«Esto supone, por tanto –consideró–, que las personas con autoridad en la nación tengan la preocupación constante de considerar su compromiso político y social como un servicio a las personas y no como la búsqueda de beneficios para un reducido número de personas, en detrimento del bien común».
Y reconoció: «Sé que hace falta valor para mantenerse firme en medio de las dificultades, cuando el objetivo es el bien de los individuos y de la comunidad nacional».
«Sin embargo, en la vida pública, el coraje es una virtud indispensable para no dejarse guiar por ideologías partidistas, por grupos de presión o por el deseo del poder».
Por eso, concluyó recordando uno de los puntos centrales de la Doctrina Social de la Iglesia, «el bien de las personas y de los pueblos debe ser siempre el criterio prioritario de las decisiones en la vida social».
