MADRID, jueves, 29 enero 2009 (ZENIT.org).- El fallo contrario a la objeción de conciencia de padres, tutores y centros a la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) plantea varios problemas de tipo práctico, mediado el curso escolar en España. A ello se añade que los objetores han anunciado que seguirán luchando en otras instancias judiciales, y que la sentencia del Tribunal Supremo, que tardará unos días en hacerse pública, parece que deja abierta la posibilidad a los padres de impugnar contenidos concretos de la asignatura que no se ajusten al ideario del centro escolar elegido por ellos.
La mayoría de los 30 magistrados (22) del Pleno del Tribunal Supremo se pronunciaron a favor de negar el derecho a la objeción. Siete se pronunciaron en contra (uno de los magistrados se encontraba ausente por enfermedad). Con dos importantes matizaciones, según se filtró a algunos medios: la asignatura no debe ser excusa para que las autoridades administrativas o escolares, o los profesores, impongan a los alumnos criterios morales o éticos que son objeto de discusión en la sociedad. Su contenido debe centrarse en la educación de principios y valores constitucionales. También la sentencia dejaría la puerta abierta a que se puedan recurrir los manuales de la asignatura.
La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, distribuyó un video a los medios de comunicación en el que declaraba ayer, tras conocer el fallo del Supremo: “La sentencia confirma que Educación para la Ciudadanía es una asignatura como cualquier otra, obliga a las administraciones educativas a aplicarla, y resuelve un larguísimo debate”.
Por su parte, la secretaria general de la Provincia Eclesiástica de Madrid y miembro del Consejo Escolar de Estado, la religiosa María Rosa de la Cierva, manifestó que se irá “a donde haga falta” para defender los derechos fundamentales de los padres, tras conocer el fallo del Supremo.
“Vamos a seguir animando a todas las plataformas de padres y, desde luego, seguiremos yendo al Tribunal Constitucional o al de Derechos Humanos de Estrasburgo, porque están en juego los derechos fundamentales de los padres, a los que no podemos renunciar”, dijo en declaraciones a la agencia Europa Press.
Tras manifestar que esperaba “un resultado más ajustado”, De la Cierva añadió que “toca acatar la sentencia” y, en cualquier caso, “seguir con ánimo y apoyar a los padres en la defensa de sus derechos”.
Por otra parte, la Conferencia Episcopal Española (CEE) confirmó que no va a hacer ninguna declaración: “Hasta que no haya sentencia, no habrá declaraciones”, dijeron a la misma agencia fuentes de la CEE.
¿Qué pasará ahora con los alumnos cuyos padres objetaron la EpC?, se preguntan muchos medios cuando miles de alumnos están faltando a clase –se calcula que hay unos cincuenta mil padres objetores en todo el Estado español–.
La ministra de Educación indicó ayer que se hará “todo lo posible” para que los alumnos cuyos padres han objetado “recuperen el tiempo perdido”; pero cada comunidad autónoma decide cómo se cursa la asignatura, ya que las competencias educativas están transferidas.
Hay dos posibles reacciones a la sentencia. Por un lado, las organizaciones objetoras pueden recurrir al Tribunal Constitucional y solicitar que la sentencia del Supremo no se ejecute hasta que la máxima instancia judicial española resuelva. En ese caso el proceso se alargaría y algunos alumnos podrían finalizar sus estudios secundarios sin cursar la asignatura.
Podría darse el caso de que, si el Constitucional tardara en fallar años, como ha sucedido en otros casos, y ratificara la decisión del Supremo, los alumnos (ya universitarios) se encontrarían en la Universidad con una asignatura de Secundaria pendiente. Si la sentencia se ejecuta ya, los alumnos de padres objetores deberán cursar la asignatura si quieren obtener el título de Bachillerato.
La Junta de Andalucía –comunidad autónoma más afectada por el fallo, al haber una sentencia anterior favorable a los objetores, que queda derogada con la disposición del Supremo- espera que este Tribunal fije “un marco de actuación claro y común a todas las comunidades” en su sentencia, que aún no ha sido redactada.
Para algunos expertos, nos encontramos en una situación muy ambigüa. Manuel Rodríguez, jurista, ex consejero del Consejo Escolar del Estado, y ahora del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, declaró a los medios que existe al respecto un “vacío legal”.
En Roma, según Europa Press, el cardenal Zenon Grocholewski, prefecto de la Congregación para la Educación Católica, se dijo preocupado por la decisión judicial y subrayó que “poder educar según las propias convicciones es un derecho fundamental de los progenitores”.
Según afirma hoy, en el diario ABC, el presidente del Foro de la Familia Benigno Blanco, el fallo del Supremo es un paso pero “no el punto final del largo recorrido de los padres objetores en defensa de su derecho a educar en libertad”. “Hasta que no conozcamos el texto íntegro de la sentencia no podremos hacer una valoración detallada de su trascendencia jurídica para el movimiento objetor”, subraya.
“De ser cierto que la sentencia abre puertas para considerar no legales determinadas consecuencias de la asignatura, los padres de familia explorarán esas vías que eventualmente el Tribunal Supremo haya podido abrir”, señala.
En todo caso, anuncia que los padres objetores recurrirán ante el Tribunal Constitucional (TC) y, si fuese necesario, ante los tribunales internacionales competentes en materia de derechos humanos los pronunciamientos del Tribunal Supremo “que sean contrarios a nuestro derecho a educar en libertad”. “Este es un derecho del que nadie puede privarnos”, puntualiza.
Por Nieves San Martín
