ROMA, domingo, 1 de febrero de 2009 (ZENIT.org).- Este 27 de enero, los obispos de la Conferencia Episcopal de África Austral elevaron de nuevo su voz para condenar a los responsables de la situación en que se encuentra Zimbabue, atenazado por una crisis económica tan grave que ha empujado ya a tres millones de personas (casi un cuarto de la población) a salvarse más allá de la frontera y ya ha reducido al hambre a la mitad de la población.
Una crisis que tiene su origen en las políticas sin sentido del pluridecenal régimen de Robert Mugabe que amenazan con degenerar ulteriormente, en medio de la indiferencia de los líderes políticos que desde hace nueve meses se disputan el poder, sin prestar atención a las condiciones de sus compatriotas, ahora golpeados también por una epidemia de cólera que justo en estos días la Organización Mundial de la Salud ha definido como fuera de control.
En marzo pasado, el voto popular dio por primera vez la mayoría parlamentaria al partido de la oposición, el Mdc-T, liderado por Morgan Tsvangirai, quien además obtuvo la mayoría relativa de los votos a las elecciones presidenciales, superando en sufragios al presidente Mugabe.
Este último, rechazando el veredicto popular, usó el arma de las intimidaciones y de la violencia para dar la vuelta al resultado a su favor en la segunda vuelta prevista por la Constitución. El clima estaba tan tenso que obligó a Tsvangirai a no presentarse a esta segunda vuelta y dejar el país para proteger la propia vida.
Mugabe ordenó entonces que, de todos modos, se celebrara la segunda vuelta, presentándose como único candidato, resultando vencedor obviamente. Desde entonces, la comunidad internacional intervino para tratar de obtener de Mugabe un rendimiento parcial, consistente en la creación de un gobierno de unidad nacional que incluyera a ministros de la oposición, liderados por un primer ministro, cargo hasta ahora inexistente, que se asignara a Tsvangirai, para contrarrestar el poder presidencial.
En septiembre, los contendientes acordaron aceptar esta solución, pero la crisis está abierta todavía, a la espera de las modificaciones constitucionales necesarias para instituir el nuevo cargo gubernamental, y quedando abierto el problema de la asignación del Ministerio del Interior, un departamento de importancia decisiva, dado que controla las fuerzas de seguridad.
Desde hace tiempo no se había levantado ninguna voz para recordar que, si se llega al acuerdo para el que se ha activado la diplomacia internacional hace unos meses, se podrá decir que ha concluido la crisis política, pero al precio de una derrota de la democracia que pesará sobre el futuro del país y de sus habitantes. Las nuevas instituciones políticas no reflejarán la voluntad expresada por los electores y, hecho también grave, sustancialmente el poder seguirá en las manos de quien es el responsable de la actual situación desesperada.
He aquí por qué, por voz del arzobispo de Johanesburgo Buti Tlhagale, la Conferencia Episcopal ha declarado formalmente que la permanencia en el poder del presidente Mugabe es un acto ilegítimo que está además provocando un genocidio.
Unánimes, los obispos del África Austral piden a Mugabe que deje el poder inmediatamente y a los gobiernos de la región cortar todas las relaciones con el presidente: «Si esto no sucede -explicó el arzobispo de Johanesburgo- serán cómplices de haber creado una situación que está llevando al país al hambre, a la enfermedad, a la disolución de la sociedad y a la muerte de los ciudadanos».
Por Anna Bono, traducido del italiano por Nieves San Martín
Anna Bono es profesora de Historia e Instituciones de África en la Universidad de Turín.
