BUCAREST, martes 17 de febrero de 2009 (ZENIT.org).- Sesenta años después, la Iglesia católica en Rumanía revive el temor de que el Estado le expropie sus bienes, como en tiempos del comunismo, en caso de que se apruebe un polémico proyecto de ley.
«Si este designo de ley se aprueba se repetiría lo que sucedió en 1948, cuando Stalin privó a la Iglesia en Rumanía unida a Roma, greco-católica, del derecho a existir, sustrayéndole los bienes y encarcelando a sus obispos, afirma monseñor Virgil Bercea, obispo de la eparquía greco-católica de Oradea.
Con profundo dolor, el prelado, que es también el encargado de la comisión para los laicos de la Conferencia de Obispos Católicos de Rumanía, ha expresado a ZENIT su preocupación ante el designio de ley 368/2007, discutido entre los días 27 y 29 de enero en la comisión jurídica de la Cámara de los Diputados rumana, sobre el régimen jurídico de los bienes inmuebles que pertenecen a los cultos ortodoxo y greco-católico en Rumanía.
El proyecto de ley dispone, entre otras cosas, que «en las localidades rurales, en las que existen comunidades parroquiales de ambas confesiones, así como monasterios, constituidos en forma de persona jurídica, los bienes sagrados –los lugares de culto, las casas parroquiales, el cementerio y los terrenos que les pertenecen– sean de propiedad del culto mayoritario» (artículo 2).
«Inevitablemente –subraya monseñor Bercea– esta norma nos perjudicará, pues la Iglesia greco-católica siempre ha sido una minoría, si bien sumamente vital, en la vida del país».
El arzobispo mayor de la Iglesia rumana unida a Roma, monseñor Lucian Muresan, ha dirigido una carta al presidente de Rumanía y al primer ministro del Gobierno para expresar «consternación» y solicitar el retiro de un proyecto de ley que «causa perjuicio moral y material a nuestra Iglesia y atenta contra los derechos constitucionales de los fieles greco-católicos».
«El Estado rumano –dice en la carta–, sucesor del estado comunista de 1948, tiene la obligación moral de restituir a la Iglesia todo aquello que le ha confiscado. Pedimos sólo lo que nos pertenece según el derecho, en conformidad con la Constitución de Rumanía y las leyes internacionales».
«En Oradea –cuenta monseñor Bercea– teníamos 220 iglesias, nos han restituido 19. Con frecuencia, pedimos simplemente poder celebrar en el mismo edificio de culto en horarios diferentes a los ortodoxos».
Ahora bien, también hay casos de algunas localidades en las que hay dos iglesias, originariamente una ortodoxa y una greco-católica. «Los ortodoxos celebran un domingo en una iglesia y otro domingo en la otra, dejando alternativamente una cerrada, mientras que nosotros nos vemos obligados a celebrar en las casas, en las escuelas o incluso al aire libre».
«Es una verdadera pena esta cerrazón por parte de la jerarquía de la Iglesia ortodoxa, que no es compartida por todos los obispos, pues hay localidades donde se convive en armonía y donde la Iglesia ortodoxa si bien no ha restituido todos los bienes que pertenecían a las Iglesia greco-católica, al menos aquellos que necesitaba».
Stalin confiscó los bienes de la Iglesia greco-católica, que pasaron a ser propiedad de la Iglesia ortodoxa. Sus sacerdotes, religiosos y obispos quedaron fuera de la ley, y muchos sufrieron la cárcel o incluso el martirio.
Se trata, además, de una actitud que «no se difunde entre la gente, pues aquí las familias están constituidas con frecuencia por ortodoxos y greco-católicos, así como por rumanos, alemanes y húngaros».
Este 11 de febrero, por este motivo, la Iglesia greco-católica ha vivido un día de oración y ayuno.
«Somos conscientes –concluye monseñor Bercea– de ser demasiado pequeños para poder impedir que se apruebe la ley. Ponemos nuestra fuerza y la de quienes quieran apoyarnos en la oración».
Por Chiara Santomiero
