GINEBRA, martes, 24 febrero 2009 (ZENIT.org).- Publicamos la intervención del observador permanente de la Santa Sede ante la Oficina de las Naciones Unidas de Ginebra, el arzobispo Silvano M. Tomasi, ante la décima sesión especial del Consejo de los Derechos del Hombre sobre el impacto de la crisis económica y financiera mundial en los derechos humanos.
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1. Como nos recuerdan diariamente los medios de comunicación, la crisis financiera mundial ha creado una recesión global provocando consecuencias sociales dramáticas, incluyendo la pérdida de millones de puestos de trabajo y el serio riesgo de que no se alcancen los Objetivos de Desarrollo del Milenio para muchos de los países en vías de desarrollo. Los derechos humanos de innumerables personas quedan comprometidos, incluido el derecho a la alimentación, al agua, a la salud y a un trabajo decente. Por encima de todo, cuando amplios segmentos de una población nacional ven sus derechos sociales y económicos desvanecidos, la pérdida de esperanza pone en peligro la paz. La comunidad internacional tiene la legítima responsabilidad de exigir por qué ha tenido lugar esta situación; de quién es la responsabilidad; y cómo una solución concertada nos puede sacar de la crisis y facilitar el restablecimiento de los derechos. La crisis fue causada, en parte, por el problemático comportamiento de algunos de los agentes del sistema financiero y económico, incluyendo a administradores de bancos y a aquellos que deberían haber sido más diligentes en aplicar los sistemas de control y rendimiento de cuentas; por este motivo, tienen una gran responsabilidad en los actuales problemas. Las causas de la crisis, sin embargo, son más profundas.
2. Reflexionando en aquella época sobre la crisis de 1929, Pío XI observaba que «salta a los ojos de todos, en primer lugar, que en nuestros tiempos no sólo se acumulan riquezas, sino que también se acumula una descomunal y tiránica potencia económica en manos de unos pocos, que la mayor parte de las veces no son dueños, sino sólo custodios y administradores de una riqueza en depósito, que ellos manejan a su voluntad y arbitrio» (Quadragesimo Anno, n.105). También observó cómo la libre competencia se destruyó a sí misma basándose en la ganancia como único criterio. La crisis actual tiene dimensiones económicas, jurídicas y culturales. La actividad financiera no puede reducirse a sacar ganancias fáciles, debe incluir la promoción del bien común entre quienes ofrecen préstamos, entre quienes reciben los préstamos, y entre quienes trabajan. La ausencia de un fundamento ético ha llevado la crisis a todos los países de baja, media y alta renta. Señor presidente, la delegación de la Santa Sede hace un llamamiento a prestar una nueva «atención a la necesidad de una actitud ética para la creación de colaboraciones positivas entre los mercados, la sociedad civil y los Estados» (Papa Benedicto XVI).
3. Las consecuencias negativas ejercen un impacto más dramático en el mundo en vías de desarrollo y en los grupos más vulnerables de todas las sociedades. En un reciente documento, el Banco Mundial considera que, en 2009, la actual crisis global podría llevar a otros 53 millones de personas a vivir por debajo del umbral de los dos dólares estadounidenses al día. Esta cifra se añade a la de los 130 millones de personas que han caído en la pobreza a causa del aumento de los precios de alimentos y energía. Estas tendencias amenazan seriamente al resultado de la lucha contra la pobreza planteada por los Objetivos de Desarrollo del Milenio para el año 2015. Es evidente que los niños, en particular, serán los que más sufrirán a causa de las dificultades económicas y que para el año 2009 se prevé un fuerte aumento del índice de mortaldad infantil en los países pobres.
4. Es sabido que los países de baja renta son sumamente dependientes de dos flujos financieros: la ayuda exterior y las remesas de los emigrantes. Se espera que ambos flujos disminuirán de manera significativa en los próximos meses, a causa del empeoramiento de la crisis económica. A pesar de la renovada afirmación oficial del compromiso de los donantes para aumentar la Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD), según el acuerdo de Gleneagles, actualmente la mayor parte de los donantes no está en condiciones de cumplir el objetivo de un aumento significativo paulatino de la AOD para el año 2010. Además, las cifras más recientes revelan una disminución de los flujos de ayuda. Esto hace pensar con preocupación que un posible efecto directo de la crisis económica mundial puede ser el de una mayor reducción de las ayudas a los países pobres. Por otra parte, las remesas de los trabajadores emigrantes ya se han reducido de manera significativa. Esto amenaza a la supervivencia económica de familias enteras que reciben una parte consistente de su renta de la trasferencia de fondos efectuados por familiares que trabajan en el exterior.
5. La delegación de la Santa Sede, señor presidente, quisiera concentrarse en un aspecto específico de la crisis: su impacto en los derechos humanos de los niños, algo sintomático, al mismo tiempo, del destructivo impacto sobre los demás derechos sociales y económicos. En estos momentos, algunos importantes derechos de los pobres dependen mucho de los flujos oficiales de ayuda y de las remesas de los trabajadores. Entre éstos, se encuentran los derechos a la salud, a la educación, y a la alimentación. En varios países pobres, de hecho, los programas educativos, de salud y alimentación se realizan gracias a las ayudas de donantes oficiales. Si la crisis económica reduce esta asistencia, la realización de estos programas quedaría en peligro. Del mismo modo, en muchas regiones pobres, familias enteras pueden tener hijos escolarizados y decentemente alimentados gracias a las remesas recibidas de los emigrantes. Si la reducción de ambas, la ayuda y las remesas, sigue teniendo lugar, privará a los niños del derecho a ser educados, creando una doble consecuencia negativa. No sólo impediremos a los niños el pleno ejercicio de su talento, que a su vez podría ponerse al servicio del bien común, sino que además se pondrán las condiciones de dificultad económicas a largo plazo. Una menor inversión educativa hoy, de hecho, se traducirá en un menor crecimiento futuro. Al mismo tiempo, una alimentación pobre entre los niños empeora significativamente la esperanza de vida, aumentando los índices de mortalidad tanto infantil como adulta. Las consecuencias negativas económicas de todo esto superan la dimensión personal y afectan a sociedades enteras.
6. Señor presidente, permítame mencionar otra consecuencia de la crisis económica global que podría ser particularmente relevante para el mandato de las Naciones Unidas. Con demasiada frecuencia, períodos de severa dificultad económica se han caracterizado por el aumento del poder de los gobiernos caracterizados por un dudoso compromiso democrático. La Santa Sede reza para que pueda evitarse este tipo de consecuencias en la crisis actual, pues provocaría una seria amenaza para la difusión de los derechos humanos básicos por los que ha luchado tan tenazmente esta institución.
7. Los últimos cincuenta años han sido testigos de algunos de los grandes logros en la reducción de la pobreza. Señor presidente, estos logros se ven hoy amenazados y se necesita una actitud coherente para preservarlos a través de un renovado sentido de solidaridad, especialmente con los segmentos de población y con los países más afectados por la crisis. Sin embargo, se repetirán antiguos y recientes errores si no se emprende una acción internacional concertada orientada a promover y tutelar todos los derechos humanos y, si las actividades financieras y económicas directas, no se e
nmarcan en un camino ético que pueda anteponer las personas, su productividad y sus derechos a la avidez que puede resultar de la obsesión por la ganancia.
[Traducción del original inglés realizada por Jesús Colina]
