MADRID, jueves 8 marzo 2012 (ZENIT.org).- El ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, ha subrayado la presión y de la «violencia de género» a la que se ven sometidas «en muchas ocasiones» las mujeres por embarazos no deseados. Lo dijo en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.
En respuesta a la diputada socialista Ángeles Álvarez, durante la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso, Gallardón subrayado que el legislador «no debe ser indiferente» ante estas situaciones porque, si se observa la realidad, dice que se puede apreciar que muchas mujeres «ven violentado su derecho a ser madres por la presión que generan a su alrededor determinadas estructuras» que, en supuestos embarazos no deseados, las hacen «responsables únicas de esos conflictos».
Sobre si hay intención de recortar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, tal y como le ha cuestionado la parlamentaria socialista, Gallardón ha afirmado que el PP «no solamente» no los va a recortar sino que va a aumentar la protección del derecho reproductivo «por excelencia» de la mujer, que es, a su juicio, el de la maternidad.
Y añadió: «A mi juicio es insuficiente una legislación que se limita a proteger al no nacido mediante la tipificación penal del aborto y que no preste atención a la situación de la mujer que debe estar protegida».
Dijo también que es «absolutamente insuficiente» la propuesta socialista de una legislación que se limite a la despenalización del aborto, sin remover los obstáculos reales que impiden a la mujer su derecho a ser madre abandonando a la protección del concebido.
Reiteró que la ley se va a inspirar en el derecho de la mujer a la maternidad e insistió en que «ninguna mujer» debería verse obligada a renunciar a la maternidad por un conflicto familiar, laboral o social.
Señaló que el Ejecutivo va a insistir en la formación, en la información y en la prevención, así como en la promoción de la inserción sociolaboral de las mujeres embarazadas, en garantías para conciliar su vida laboral con la personal, en garantizar que se evite cualquier tipo de discriminación. «Vamos a estar precisamente cerca de las mujeres más vulnerables, en paro, menores de edad, inmigrantes, con discapacidad», subrayó.
Dijo que todas las administraciones públicas tendrán que trabajar conjuntamente para que los servicios sociales, la educación, la sanidad, la vivienda, el transporte y el empleo sean «prioritarios» para la mujer embarazada. «En definitiva, vamos a defender el derecho y la dignidad de la mujer como uno de los derechos fundamentales que es del derecho a la maternidad», concluyó.
