ALMERÍA, martes 26 marzo 2012 (ZENIT.org).- Este lunes, la Delegación Episcopal para la Enseñanza Católica de Almería hizo pública una nota en relación al caso de la profesora Resurrección Galera, la cual, una vez acabado su contrato, no fue propuesta por la diócesis para dar clases de religión el curso siguiente.
Como se sabe, la profesora Resurrección Galera recurrió a los tribunales y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en una sentencia sobre la que no cabía recurso, dio la razón a Resurrección Galera, la profesora de religión que no fue renovada en 2001, tras casarse por lo civil con un divorciado.
Ante las informaciones aparecidas en los medios de comunicación sobre el asunto de la señora Galera, la Delegación Episcopal para la Enseñanza Católica de Almería ha expresado lo siguiente:
“1. La Delegación Episcopal para la Enseñanza Católica, que es un organismo oficial del Obispado de Almería, respeta profundamente la labor de los Juzgados y Tribunales de Justicia, aunque no comparte las recientes sentencias sobre el caso.
2. Así, pues, con el debido respeto a las legislación vigente, que rige la convivencia ciudadana en un Estado democrático como el nuestro, la Delegación Episcopal manifiesta su pleno derecho a hacer uso de los medios legales que el ordenamiento jurídico pone a disposición de los ciudadanos, para defender el derecho fundamental de libertad religiosa, amparado por la legislación internacional, por Tratado de Lisboa de la Unión Europea y la Constitución Española.
3. En el caso que nos ocupa, es de agradecer el interés manifestado por los medios de comunicación y siempre hemos mostrado sensibilidad y aprecio por su labor; por esto mismo, rogamos por su parte la mayor fidelidad a la verdad de los hechos en la información. Es de desear que, en el caso concreto de la Sra. Galera, se tenga en cuenta un hecho fundamental y que parece obviarse sin mayor atención, como es que la Sra. Galera no fue nunca despedida por el Obispado de Almería, pues nunca estableció relación contractual con esta institución; sino que, una vez acabado y extinguido su contrato anual con instancia civil competente, de acuerdo con lo que establece la normativa vigente, no fue propuesta por la autoridad eclesiástica competente para el siguiente curso académico”.
