El arzobispado de Burgos ha enviado un comunicado en el que manifiesta su posición respecto al desarrollo de los últimos acontecimientos en cuanto a la ocupación ilegal de un inmueble de su propiedad, situado en la calle Santa Casilda arzobispado. Los hechos se remontan a Semana Santa, cuando un grupo de 4 personas, 3 jóvenes y una en edad casi de jubilación, entraron y se instalaron en un local que pertenece al arzobispado en la Calle Santa Casilda. El local consta de unos 400 metros cuadrados y lleva varios años deshabitado y el lugar no reunía las condiciones de habitabilidad exigibles. Al llegar al local, los okupas remitieron una carta a los vecinos en la que explicaban que se han visto «en la necesidad de buscar un techo, debido a la crisis». Comunicaban su intención de «buscar una convivencia cordial con la vecindad y colaborar en su buen funcionamiento». Del mismo modo, colocaron una hoja en la puerta de la vivienda a modo de «advertencia legal» señalando la inviolabilidad del domicilio excepto por orden judicial.
Los okupas se pusieron en contacto con el arzobispado, en concreto con el vicario general, Andrés Picón, con quien mantuvieron una reunión. El delegado diocesano en declaraciones al Diario de Burgos, explicó que «no es un lugar adecuado para vivir ni el cauce para hacerlo». Sobre las causas de que ese local de Santa Casilda lleven tanto tiempo sin un uso, explica que desde hace años se plantean su reforma integral, «pero no hay presupuesto para afrontarla». El último plan de Cáritas era adecentarlo para un grupo cristiano que pretendía poner en marcha un servicio de atención a mujeres inmigrantes, «pero no encontraron fondos».
En el comunicado enviado por la diócesis, afirman que «la Iglesia de Burgos apuesta por la dignidad de las personas y por el derecho a la vivienda y, además, trabaja con dedicación por paliar las consecuencias de la pobreza y la exclusión».
En este caso, continúa, «la respuesta del arzobispado fue intentar dialogar con los ocupantes, ofreciéndoles la posibilidad de buscar otras soluciones, a través de la mediación de Cáritas diocesana para el apoyo de vivienda, trabajo y acompañamiento social. Ante la negativa a esta mediación, se procedió a interponer la denuncia, motivada por la falta de condiciones de salubridad para ser habitada. Su ocupación, en estas condiciones, han provocado deterioros en la planta baja del edificio, donde existe un centro de trabajo y las quejas de la comunidad de vecinos».
Al respecto, el comunicado recuerda que la Iglesia, a través de Cáritas apuesta por el «apoyo a personas afectadas por los desahucios. En 2012, se han atendido 184 familias con este problema». Matiza además que el caso de las personas que han ocupado el inmueble del arzobispado no es un caso de desahucio, sino que se trata de «ocupación ilegal». Pero, a pesar de ello, «hemos mantenido y mantenemos nuestra disposición al diálogo». También señalan que Cáritas «dispone de una red de pisos por toda la provincia donde se acoge a personas con necesidades de vivienda en un proceso de acompañamiento social. Cada día del año duermen en Cáritas 76 personas sin vivienda en sus albergues de transeúntes y casas de acogida para mujeres. Las viviendas vacías propiedad de la diócesis están al servicio de este proyecto de apoyo al derecho a la vivienda que desarrolla Cáritas y a la preocupación por atender a las personas más débiles y desfavorecidas».
