El triunfo en España por mayoría absoluta del partido Popular, encabezado por Mariano Rajoy, cambió el mapa político español y, en principio, normalizó las relaciones entre el Estado y la Iglesia. El problema ahora no es tanto el eventual riesgo de emisión de leyes de contenido más o menos laicista cuanto la posición del nuevo gobierno conservador ante el fait accompli de las leyes heredadas.
Es decir, si –como solicitaba la Iglesia- se modificarían o cancelarían las leyes sobre matrimonio, aborto o educación, que habían movilizado durante las anteriores legislaturas tanto a los católicos como a la Jerarquía.
Temas polémicos
El primero de los temas polémicos –Educación para la Ciudadanía- fue abordado en el proyecto de reforma educativa impulsado por el ministro Wert. En dicho proyecto, entre otros, se elimina esa asignatura. Además, se establece una asignatura alternativa a la Religión (“Valores Culturales y Sociales” en primaria y “Valores Éticos” en secundaria) que los obispos solicitaban con insistencia.
El segundo problema –regulación del aborto – fue afrontado por el ministro de Justicia de manera más directa coincidiendo con la visita del presidente Rajoy a Roma, a la que luego me referiré. El 15 de abril de 2013 el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, afirmó que el actual sistema de plazos presente en la Ley de Interrupción del Embarazo se sustituiría por un "sistema de indicaciones", en el cual se prohibirá el aborto eugenésico por discapacidad del feto y donde el peligro sobre la salud física o psíquica de la mujer deberá acreditarse. "No será una mera declaración, sino una constatación", declaró. Prometió presentar “muy pronto” la nueva normativa. Con posterioridad hubo algunas matizaciones a esta postura.
Estas declaraciones, coincidieron prácticamente con dos acontecimientos en los que quedaba reflejado –triangularmente – las posiciones de Gobierno, Santa Sede y Conferencia Episcopal en el tema de las relaciones Estado/Iglesia. Me refiero a la aludida visita del presidente Rajoy y el discurso del cardenal Rouco en la inauguración de la CI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española.
Rajoy en El Vaticano
El primer acontecimiento fue presentado por la prensa mundial como “la primera visita de un presidente europeo al papa Francisco”. Lo cual indicaba dos cosas: por un lado la importancia que el Vaticano concede a España como cabeza de puente y su influencia sobre el continente latinoamericano y, por otra, la propia entidad de España en la geografía católica mundial. La Nota oficial del encuentro dejaba entrever las buenas relaciones bilaterales entre la Santa Sede y España que, “en el espíritu de los Acuerdos de 1979”, se han consolidado cada vez más, así como la preocupación del Vaticano –y también de España- sobre la difícil situación económica y financiera mundial a la que se enfrenta España, y que ha causado una grave crisis del empleo, afectando a numerosas familias, particularmente a los jóvenes. En este contexto, se reconoció la cercanía de la Iglesia y la notable labor que realizan Cáritas y otras asociaciones caritativas eclesiales en favor de los más necesitados. También se habló de la situación político-institucional actual del país, reconociendo la necesidad de diálogo entre todos los componentes de la sociedad basado en el respeto mutuo, y que tenga en cuenta valores como la justicia y la solidaridad en la búsqueda del bien común, así como otros temas de actualidad y de interés para la Iglesia en el país, entre ellos el matrimonio y la educación.
Si el encuentro entre el Papa Francisco y el presidente Rajoy --seguido de una entrevista entre el propio Rajoy y el Secretario de Estado Bertone--, manifestó cercanía en los planteamientos entre la Santa Sede y España, el discurso mencionado del cardenal Rouco dejó entrever cierta inquietud de la Jerarquía española y algún distanciamiento con el poder político en determinadas cuestiones.
Inquietud en la Jerarquía
En palabras del propio Cardenal Rouco, estos temas son:
Persiste la crisis económica con su cortejo de paro -especialmente de desempleo juvenil- y de falta de medios para hacer frente a los compromisos contraídos en la adquisición de viviendas o a la debida atención a los ancianos y a los emigrantes. Persiste la desprotección legal del derecho a la vida de los que van a nacer y persiste una legislación sobre el matrimonio gravemente injusta. Persiste la ausencia de protección adecuada para la familia y la natalidad, en especial, para las familias numerosas. La calidad de la enseñanza sigue dejando mucho que se desear, siendo así que de ella depende en tan gran medida el futuro de la sociedad. Los pasos dados en estos meses hacia la resolución de estos graves problemas resultan todavía insuficientes. En particular, no es fácil entender que todavía no se cuente ni siquiera con un anteproyecto de Ley que permita una protección eficaz del derecho a la vida de aquellos seres humanos inocentes que no por hallarse en las primeros estadios de su existencia dejan de gozar de ese básico derecho fundamental.
Añadiendo :
Hemos de reiterar también que es urgente la reforma de nuestra legislación sobre el matrimonio. …Se trata de restituir a todos los españoles el derecho de ser expresamente reconocidos por la ley como esposo o esposa; se trata de recuperar una definición legal de matrimonio que no ignore la especificidad de una de las instituciones más decisivas para la vida social
Concluyendo que :
Se espera todavía una legislación más justa en lo que se refiere a la libertad de enseñanza y, en concreto, al efectivo ejercicio del derecho fundamental que asiste a los padres en la elección de la formación ética y religiosa que desean para sus hijos. El deterioro progresivo de la situación a este respecto, junto con la imposición de materias impregnadas de relativismo e ideología de género -imposición vulneradora del mencionado derecho fundamental- constituye, sin duda, una de las razones básicas del deterioro de la enseñanza en general y de que buena parte de la juventud se halle tan carente de la formación humana necesaria para afrontar con éxito la vida personal, laboral, social y política.”
Como puede verse, la Iglesia insta al Estado a una mayor diligencia en tres cuestiones que, con mayor o menor intensidad, han sido el caballo de batalla entre los dos poderes: aborto, matrimonio y educación. A las que esta vez se añade la situación económica y sus secuelas de mayor distanciamiento entre ricos y pobres. Repárese, que el contexto ahora no es una política más o menos laicista del gobierno sino más bien una situación en la que la inactividad legislativa pudiera asentar, permanentemente, un status quo que la Iglesia entiende perjudicial para el tejido social.
En todo caso, en el tiempo transcurrido de esta legislatura conservadora se adivina una vuelta a la política de “mano tendida” que caracterizó a la época de transición democrática española, y que contrasta con la laicidad de “combate” que se adivina en las dos legislaturas socialistas que corren del 2004 al 2011.