El flamante arzobispo de Santa Cruz de la Sierra, monseñor Sergio Gualberti Calandrina, reiteró el rechazo de la Iglesia católica a la práctica cada vez más difundida de los linchamientos. Consideró que una mal entendida proclamación de una cultura ancestral los favorece, y que es necesario inculcar una cultura que enseñe la sacralidad de la vida para prevenir actos como estos, debidos también a la ineficiencia del Estado. Y que para obtener algo hoy cada vez más se recurre a la violencia, a los bloqueos, al enfrentamientos y no al diálogo.
Monseñor Gualberti, nacido en Bérgamo, está en Bolivia desde1979, cuando llegó a La Paz como sacerdote “Fidei donum”. Ha asumido el 25 de mayo pasado la titularidad del arzobispado de Santa Cruz de la Sierra.
Los datos son alarmantes y al mismo tiempo escasos. En 2007, el Defensor del Pueblo indicó que se registraron 57 y siguen aumentando. Seguramente están adquiriendo características cada vez más brutales. Asesinatos o golpizas apoyados con justificaciones insostenibles y a veces cercanas a la apología del crimen. Los linchamientos son realizados por una multitud enardecida que castiga o mata a un sospechoso o a un reo, sin ningún tipo proceso. Y no solamente en Bolivia, sino también se repite el fenómeno en otros países. Guatemala es quien tiene el triste primado de linchamientos, seguido por Bolivia.
En entrevista que monseñor Gualberti concedió a ZENIT, su excelencia precisó: “Como Iglesia y desde hace tiempo denunciamos los linchamientos. Es lamentable esto de hacer justicia por mano propia, incluso en nombre de la justicia comunitaria de indígenas”, además precisó, “porque nunca existió una verdadera justicia comunitaria con ese nombre”.
Y apuntó el dedo a la “ineficiencia de la justicia ordinaria la que debería funcionar” ante los crímenes que no son debidamente castigados, lo que favorece la idea de quienes quieren esta atrocidad llamada “justicia comunitaria”. Además porque cuando se registran estos casos “hay mucha impunidad, y a las personas que han cometido un linchamiento no se les ha juzgado y el Estado no ha intervenido, o lo hizo con mucha pasividad”.
“Hay cosas –comentó el arzobispo- que son atroces, por ejemplo en estos días un chico de 16 o 17 años que presuntamente habría violado a una señora, le han echado gasolina, le han prendido fuego delante de su papá y lo han enterrado cuando aún estaba vivo”.
“Y subrayó que se trata de crímenes, que dañan la sociedad como todos los otros crímenes” y que por ello “la Iglesia ha exhortado a condenarlos y a no quedarse indiferentes”. Añadió: “No creo que un menor o una persona que esté comprometida con un delito, sea irrecuperable o incorregible al punto de eliminarlos”.
Monseñor Gualberti consideró que hay una onda de indigenismo que favorecen este tipo crímenes: “Lamentablemente ahora hay todo un proclamar en favor de volver a una cultura ancestral que entretanto no creo fuera tan violenta”.
Y precisó que “a nivel de toda nuestra sociedad se está dando de manera inapropiada el recurso a la violencia, porque en Bolivia para lograr cualquier cosa es a través de bloqueos, protestas y enfrentamientos. No es a través del diálogo, no es a través del respeto de la ley. Y cuando ya no existe una seguridad civil en un país estas son las consecuencias. Los ánimos están muy alterados y cada cual se hace justicia por su cuenta”.
“Es una tragedia social porque una verdadera democracia no se edifica sobre una cultura de la muerte. Nadie puede ser eliminado así, porque no es ni ético, ni humano ni cristiano” y añadió que “es necesario favorecer una cultura que respete la vida, la sacralidad de este don de Dios, y que es necesario iniciar a inculcarla a los niños ya en los colegios”. Consideró también que pesa el hecho de que la Iglesia y la religión están sufriendo ataques y siendo desprestigiada y todo esto se hace sentir.
La Iglesia en Bolivia diversas veces se expresó contra los linchamientos como en abril del año pasado (http://www.zenit.org/es/articles/llamados-a-ser-promotores-de-la-vida).
«También en los barrios de nuestras ciudades y pueblos, se multiplican actos de violencia, linchamientos, atracos, que crean un clima de miedo en la población y que hacen patente la inseguridad generalizada que se está viviendo. Existen sectores que se toman la justicia por sus propias manos, justificando y promoviendo la implementación de la pena de muerte, en base a una pretendida y mal entendida ‘justicia comunitaria'». «Es evidente –señalan– que faltan políticas claras que prevengan y garanticen la vida de los ciudadanos».
