«Droga de Estado en Uruguay» es el título del artículo de la última edición de L’Osservatore Romano sobre la legalización, producción y la venta de marihuana en el país platense, mediante un proyecto gubernamental.
Sólo con los votos del oficialista Frente Amplio, el Parlamento ha aprobado definitivamente este martes la ley que regula esta droga en Uruguay. La Cámara de Senadores ha otorgado la media sanción que restaba (con dieciséis votos a favor y trece en contra) luego de que su homóloga de Diputados diera el visto bueno, y así entrará en vigor una ley que impulsó inicialmente el propio presidente José Mujica y sobre la cual pesan acusaciones de inconstitucionalidad.
La aprobación de la polémica ley que fue celebrada con euforía por sus sostenedores, según algunos sondeos realizados, tiene la desaprobación del 60 por ciento del público. La medida además corre el riesgo de ser declarada inconstitucional y las Naciones Unidas a través de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), con un comunicado firmado en Viena advirtió que el país entra en contradicción con los tratados internacionales que ha firmado.
Por su parte el principal cotidiano local escribe: «Trastornos hormonales, efectos cancerígenos, cuadros depresivos y persecutorios y desinterés. Estos son algunos efectos que genera la marihuana, según psiquiatras que trabajan con adictos consultados por El País».
La nueva ley, denomina «Marihuana y sus derivados: Control y regulación del Estado de la importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición, almacenamiento comercialización, distribución y consumo», prevé la creación del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA). La institución fiscalizará el cumplimiento de la normativa, otorgará y llevará adelante el registro de licencias a los productores y vendedores, al tiempo que tendrá potestad para sancionar en casos de incumplimiento.
Esta ley permitirá a los adultos comprar hasta cuarenta gramos al mes en los establecimientos autorizados. Y también consentirá el cultivo de un máximo de noventa plantas a la vez, por grupos de quince a cuarenta y cinco miembros. Por último, se mantendrá la prohibición para los menores de edad y los ciudadanos extranjeros.
Su promotores consideran que reducirá la incidencia del narcotráfico y el crimen organizado, y también combatirá las consecuencias sanitarias, sociales y económicas del uso de sustancias psicoactivas, a través de la intervención del Estado. En los próximos cuatro meses la ley deberá ser reglamentada.
(RED/IV)
