El Secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones, Cáritas Española, Justicia y Paz y la Conferencia de Religiosos Españoles (CONFER) han exigido este martes la «retirada inmediata» de la reforma de la Ley de Extranjería que legalizará las llamadas ‘devoluciones en caliente’ de los inmigrantes interceptados en las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla.
En un comunicado conjunto, las citadas entidades eclesiales expresan su «enérgico rechazo» a esta iniciativa introducida «a última hora» en el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana mediante una enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que, tal y como explican, «pretende legitimar las expulsiones sumarias» en la frontera sur y «criminaliza la pobreza y la movilización social».
La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados aprobó el pasado 25 de noviembre el Dictamen sobre el Proyecto de Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, en el que se recoge una modificación a la Ley Orgánica de Extranjería que pretende legitimar la devolución sobre la marcha de los inmigrantes a Marruecos.
Para estas organizaciones, «la aceptación de las expulsiones sumarias que representa la aprobación de este Dictamen supondría consolidar legalmente un concepto de ‘frontera’ sinónimo de un territorio donde los derechos humanos están ausentes», preocupación que, recuerdan, comparten la Comisión Europea y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
«Entendemos que viola derechos humanos, da cobertura legal a una práctica ilegal que se viene constatando desde hace tiempo y no va a aportar soluciones a ninguna de las causas por las que las personas migrantes abandonan sus países de origen para, tras un arduo camino, llegar ante las fronteras de Ceuta y Melilla. En definitiva, sólo se logrará incrementar el sufrimiento de las personas y no se reducirán las llegadas», dice la Iglesia.
Según detallan, las expulsiones sumarias vulneran además de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, la Convención de Ginebra y el Convenio Europeo de Derechos Humanos; normativas como la directiva de Retorno o el Código de Fronteras Schengen, que establecen la obligatoriedad de una resolución motivada para la denegación de entrada en la que se indiquen los motivos exactos de la misma, así como el derecho a recurrir dicha resolución de forma informada y asesorada.
Por otra parte, recuerdan que la Ley Orgánica de Extranjería «ya cuenta con procedimientos legales para abordar los casos de entradas irregulares en España por puestos no habilitados y que conllevan una serie de garantías para las personas migrantes, como son la asistencia letrada, el derecho a intérprete» y, «aunque insuficiente, la posibilidad de solicitar asilo y refugio e identificar potenciales víctimas de trata».
«Como ha señalado la Comisión Episcopal de Migraciones en el VII Congreso de Migraciones en el Vaticano, y ha afirmado recientemente el Papa Francisco ante el Parlamento Europeo, ‘Europa será capaz de hacer frente a las problemáticas asociadas a la inmigración si es capaz de proponer con claridad su propia identidad cultural y poner en práctica legislaciones adecuadas que permitan tutelar los derechos de los ciudadanos europeos y de garantizar al mismo tiempo la acogida a los inmigrantes'», destacan las entidades.
Por todo ello, solicitan que se retire la disposición adicional «y se busque un consenso político en materia de inmigración». «España debe liderar ese proceso y hacer ver a la Unión Europea que las vallas de Ceuta y Melilla son sólo la consecuencia de una política migratoria europea desenfocada», afirman.
Asimismo, piden «diálogo para buscar vías de acceso regulares para quienes no las encuentran nunca y no se vean empujados a dar un salto desesperado» y «solidaridad con quienes buscan la protección del asilo y el refugio huyendo de conflictos, persecuciones y los efectos de una política de cooperación internacional centrada exclusivamente en un modelo económico de crecimiento que propicia el descarte y la expulsión de los ciudadanos de sus países de origen».
También el informe «Expulsiones en caliente: cuando el Estado actúa al margen de la Ley», firmado por 16 catedráticos y profesores de Derecho de varias universidades españolas, reitera que las devoluciones en caliente «vulneran frontalmente el ordenamiento jurídico, sin que resulte posible dotarlas de cobertura legal por resultar contrarias a la normativa comunitaria y al derecho internacional».
