El Informe Anual de Amnistía Internacional sostiene que los gobiernos deben “dejar de fingir que la protección de civiles no está a su alcance”. Y pide a los dirigentes mundiales «actuar con urgencia para hacer frente al nuevo rostro de los conflictos y proteger a la población civil de la horrenda violencia de Estados y grupos armados”. Además, “el panorama global de la situación de los derechos humanos es sombrío, pero hay soluciones. Los dirigentes mundiales deben tomar medidas inmediatas y enérgicas para evitar una inminente crisis global y acercarnos un paso más a un mundo más seguro en el que los derechos y libertades estén protegidos”. Así lo afirma Amnistía Internacional al presentar su evaluación anual de la situación de los derechos humanos en todo el mundo.
“El año 2014 fue catastrófico para millones de personas atrapadas en la violencia. La respuesta global a los conflictos y a los abusos cometidos por Estados y grupos armados ha sido vergonzosa e ineficaz. Mientras la gente sufría una escalada de brutales ataques y represión, la comunidad internacional ha dejado mucho que desear”, ha afirmado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.
Asimismo se recuerda que “las Naciones Unidas se crearon hace 70 años para garantizar que no se repetirían los horrores vividos en la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que ahora vemos es violencia a escala masiva y una enorme crisis de refugiados causada por esa violencia. Se ha fracasado estrepitosamente a la hora de buscar soluciones viables para las necesidades más apremiantes de nuestra época.”
Por otro lado, el informe ofrece una panorámica completa de la situación de los derechos humanos en 160 países durante 2014. “A menos que los dirigentes del mundo tomen medidas inmediatas para hacer frente al nuevo rostro de los conflictos y aborden otras deficiencias que se identifican en el informe, las perspectivas para los derechos humanos durante el próximo año son sombrías”, explican.
De este modo, enumeran situaciones como “grupos armados brutales que ejercen un control similar al que tiene un Estado sobre cada vez más poblaciones civiles, sometidas a ataques, persecución y discriminación”, “agravamiento de las amenazas contra la libertad de expresión y otros derechos, como las violaciones de derechos causadas por nuevas leyes antiterroristas draconianas y por la vigilancia masiva injustificada”, “empeoramiento de las crisis humanitarias y de refugiados, con un número cada vez mayor de personas desplazadas a causa de los conflictos, en tanto que los gobiernos continúan cerrando fronteras y la comunidad internacional sigue sin proporcionar auxilio ni protección”.
Suscita especial preocupación –aseguran– el aumento del poder de los grupos armados no estatales, entre ellos el grupo autodenominado Estado Islámico. Los grupos armados cometieron abusos en al menos 35 países en 2014, más de uno de cada cinco países investigados por Amnistía Internacional.
Por su parte, Anna Neistat, directora general de Investigación de Amnistía Internacional, asegura en un comunicado que publicado por la misma ONG, asegura que “a medida que la influencia de grupos como Boko Haram, Estado Islámico y Al Shabaab traspase las fronteras nacionales, cada vez más civiles se verán obligados a vivir bajo su control, similar al de un Estado, sometidos a abusos, persecución y discriminación”.
Y añade que “los gobiernos deben dejar de fingir que la protección de civiles no está a su alcance, y ayudar a reducir el sufrimiento de millones de personas. Los dirigentes mundiales deben asumir un cambio fundamental en su manera de responder a las crisis en todo el mundo”.
Para esta ONG internacional “en los casos de Siria, Irak, Gaza, Israel y Ucrania, el Consejo de Seguridad de la ONU no ha abordado las crisis y los conflictos -–ni siquiera en situaciones en las que los Estados y los grupos armados cometen horrendos crímenes contra la población civil–- debido a intereses creados o conveniencias políticas” y por eso piden que “los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad renuncien a su derecho de veto en situaciones de genocidio y otras atrocidades masivas”. El secretario general de Amnistía Internacional explica que “esto podría suponer un punto de inflexión para la comunidad internacional y los instrumentos de que dispone para ayudar a proteger la vida de los civiles. Con la renuncia a su derecho de veto, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad otorgarían a la ONU más posibilidades de actuar para proteger a la población civil cuando haya vidas en situación de grave riesgo, y enviarían a los responsables de abusos el firme mensaje de que el mundo no se quedará de brazos cruzados mientras se cometen atrocidades masivas”.
El sangriento legado del ingente flujo de armas a países donde Estados y grupos armados las utilizan para cometer graves abusos se cobró decenas de miles de vidas de civiles en 2014. Y por eso Amnistía Internacional pide a todos los Estados que ratifiquen o acepten y se adhieran al Tratado sobre el Comercio de Armas, que entró en vigor el pasado año.
Además, piden a los dirigentes mundiales que impongan nuevas restricciones para hacer frente al uso de armas explosivas en zonas pobladas, que dieron lugar a innumerables muertes de civiles en 2014.
Del mismo modo, Amnistía Internacional insta a los gobiernos a garantizar que su respuesta a las amenazas contra la seguridad no menoscaba derechos humanos fundamentales ni fomenta más violencia. El Informe Anual detalla cuántos gobiernos reaccionaron a las amenazas contra la seguridad con tácticas draconianas y represivas en 2014, como por ejemplo: Afganistán, Kenia, Nigeria, Pakistán, Rusia y Asia Central, Turquía. “Desde Baga hasta Bagdad, los dirigentes gubernamentales han intentado justificar las violaciones de derechos humanos hablando de la necesidad de que el mundo siga siendo ‘seguro’”, ha afirmado Salil Shetty.
“Una consecuencia trágica de la incapacidad de la comunidad internacional para ocuparse del nuevo rostro de los conflictos es una de las crisis de refugiados más graves que el mundo ha conocido, mientras millones de personas –4 millones sólo de Siria– siguen huyendo de la violencia y la persecución”, prosigue describiendo la ONG.
Sobre la situación de España, indican que las personas migrantes están viendo sus derechos vulnerados en España. “Amnistía Internacional ha seguido denunciando uso excesivo e innecesario de la fuerza en frontera, por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a refugiados, migrantes y solicitantes de asilo, que en ocasiones han sido devueltos de manera ilegal”, denuncian.
