El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptó este jueves una nueva resolución sobre el conflicto sirio, inmerso en su quinto año de violencia, que condena los actos terroristas y rechaza que los mismos sean asociados a ninguna religión, nación y civilización.
Con 29 votos a favor, 12 abstenciones y 6 votos en contra –entre ellos Cuba, China, Rusia y Venezuela– los 47 países miembros que conforman el Consejo de Derechos Humanos piden tanto al régimen de Bachar al-Assad como a los diferentes grupos terroristas que permitan el acceso de asistencia humanitaria al país.
Así, la resolución “condena enérgicamente las vulneraciones manifiestas, continuas, generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos cometidas por las autoridades sirias y las milicias progubernamentales”.
Dicha condena incluye también a los combatientes terroristas extranjeros y las organizaciones extranjeras que luchan en nombre del régimen sirio, en particular Hizbolá, Asaib Ahl al-Haqq y Liwa Abu-l-Fadl al-Abbas.
El texto denuncia además el uso de armas pesadas; municiones de racimo y bombardeos aéreos, incluido el uso indiscriminado de misiles y bombas de barril; el bombardeo de instalaciones médicas; y la práctica de hacer padecer hambre a la población civil.
En esta misma línea, la resolución “condena enérgicamente la utilización reiterada de armas químicas en la República Árabe Siria, en particular el gas cloro, que está prohibido por el derecho internacional, y exige que la República Árabe Siria respete plenamente sus obligaciones internacionales, incluido el requisito de declarar su programa en su totalidad y eliminarlo por completo”.
Con respecto a los grupos armados que luchan contra el régimen de Al Assad, el documento de la ONU reprueba los actos terroristas en general y, en particular, los actos violentos cometidos contra los civiles por el denominado Estado Islámico, el Frente al-Nusra y otros grupos extremistas.
La resolución recuerda que es esencial la asunción de responsabilidades y pone de relieve la necesidad de garantizar que todos los responsables de vulneraciones del derecho internacional humanitario rindan cuentas de sus actos, “por conducto de mecanismos nacionales o internacionales de justicia penal apropiados, imparciales e independientes”. Específicamente, el texto destaca la importante función que puede desempeñar a ese respecto la Corte Penal Internacional.
Por otra parte, el texto deplora el deterioro de la situación humanitaria y “exige a las autoridades sirias que faciliten, y a todas las demás partes en el conflicto que no obstruyan, el acceso total, inmediato y seguro de las Naciones Unidas y los agentes humanitarios, incluso a las zonas sitiadas”.
Finalmente, pide a la comunidad internacional que preste apoyo financiero urgente para que los países de acogida de refugiados –esencialmente los limítrofes– puedan responder a las necesidades humanitarias cada vez mayores.
