La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) rechazó este miércoles “toda forma de manipulación o uso interesado de los mensajes y la imagen de la Iglesia católica y, en particular, de su cabeza y pastor, que es el papa Francisco”, después de que un líder opositor empleara una fotografía del Pontífice para pedir el “no” a la reelección de Evo Morales.
En un comunicado, la CEB exigió “mayor respeto a la figura del Santo Padre, de parte de autoridades y dirigentes públicos” y recordó que “sus mensajes deben ser leídos en su integridad, en el contexto en que fueron pronunciados y evitando lecturas parciales e interesadas”.
“Fiel a su vocación de servicio al Evangelio, la Iglesia católica emite mensajes, buscando siempre el bien común y orientando las conciencias con la verdad”, añadió la Secretaría General en su nota. “Son mensajes que buscan la justicia y la convivencia fraterna, independientes de posiciones partidistas y que, por tanto, no deben ser manipulados”, enfatizó.
El líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, compartió en la red social Twitter una fotografía manipulada del papa Francisco en la que aparecía con una bandera de Bolivia y la palabra “no” pintadas en su mano. Tras las críticas recibidas, el montaje fue borrado de su cuenta oficial.
La propia oposición consideró el uso de la imagen del Pontífice, por parte de Doria Medina, como una falta de respeto hacia la comunidad católica. Al mismo tiempo, censuró al presidente Morales por haber puesto carteles en diferentes lugares del país con frases del Santo Padre, junto con las fotos de su encuentro con el Papa durante su reciente visita a Bolivia.
Hace dos semanas, el Gobierno convocó un referéndum para consultar a los ciudadanos si aprueban o no la reforma constitucional que permitiría al actual mandatario volver a ser candidato a la Presidencia en 2019.
Ahora, la Carta Magna boliviana solo permite la reelección durante dos periodos continuos. De producirse este cambio, Evo Morales podría ser reelegido una tercera vez y ser presidente hasta 2025.
El gobernante inició en enero pasado su tercer mandato tras ganar en 2014 los comicios generales, a los que pudo presentarse gracias a un fallo del Tribunal Constitucional que avaló la tesis oficialista de que la primera gestión (2006-2010) no es válida para el cómputo porque el país se refundó como “Estado plurinacional” en 2009.
La oposición ha anunciado que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a Naciones Unidas para denunciar que el oficialismo vulneró la Constitución y otras normas para la aprobación de estas leyes.
