El Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano ha celebrado esta mañana la primera audiencia del juicio por la sustracción y difusión de documentos reservados. Se han enviado a juicio a cinco acusados, el sacerdote español Lucio Vallejo Balda y su secretario particular, Nicola Maio, la relaciones públicas italiana Francesca Chaouqui, los periodistas Gianluigi Nuzzi y Emiliano Fittipaldi. La audiencia ha comenzado a las 10.34 y ha concluido a las 11.44 y ha contado con la presencia de los cinco acusados. Los periodistas tienen abogado de confianza, y los otros tres acusados abogado de oficio.
Al inicio de la sesión, Emiliano Fittipaldi ha pedido la palabra y ha realizado una declaración en la que ha explicado que ha decidido comparecer por respeto al Tribunal que le ha citado. Pero ha manifestado su “incredulidad por encontrarse imputado frente a una Autoridad Judicial distinta a la de mi país, aún habiendo escrito y publicado en Italia el libro por el que se me pretende incriminar”. Al respecto ha recordado que en su país “la conducta de la que se le acusa no sería penalmente imputable, al no haber sido acusado de haber publicado noticias falsas o difamatorias, sino simplemente publicar noticias: actividad protegida y garantizada por la Constitución Italiana, la Convención Europea de los Derechos del Hombre y de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre”.
Tras la lectura de los cargos imputados por parte del Canciller, el Presidente ha comunicado haber transmitido al Presidente de la Corte de Apelación la petición del nombramiento de dos abogados de confianza por parte de Nuzzi y de monseñor Vallejo, para la eventual autorización.
Después se han escuchado dos excepciones preliminares. La primera de parte del abogado Bellardini –que defiende a monseñor Vallejo– por los tiempos para la presentación de las pruebas de la defensa. Asimismo lo ha hecho el abogado Musso, tras la declaración de su defendido, sobre la nulidad de la citación a juicio del mismo Fittipaldi por la falta de precisión sobre los hechos. El fiscal, Zannoti, ha respondido a la segunda excepción, argumentando que no se pretende poner en duda la libertad de prensa, sino que el imputado está llamado a responder por la conducta de la actividad realizada para obtener las noticias y los documentos publicados.
La formación de la corte, después de una reunión en la sala de juntas que duró cerca de tres cuartos de hora, ha rechazado las dos excepciones presentadas y ha fijado el calendario.
Los acusados han podido conversar algunos instantes con los periodistas presentes en la sala. Nuzzi les ha indicado que “no somos mártires, somos periodistas y cronistas”. Por su parte, monseñor Vallejo ha asegurado encontrarse bien: “¿veis que estoy bien? Muy bien, estoy sereno, me tratan muy bien y aquí estoy protegido”.
El Código Penal del Vaticano, en su artículo 116 bis, considera delito la divulgación de noticias reservadas. De resultar condenados los imputados, las penas pueden oscilar entre los cuatro y los ocho años de reclusión.
El sacerdote español y la relaciones públicas italiana fueron detenidos el último fin de semana de octubre acusados de sustraer y filtrar numerosos documentos a los que habían tenido acceso dada su pertenencia a la COSEA, la comisión de ocho miembros creada por el papa Francisco en julio de 2013 para conocer la situación económica del Vaticano.
Tras prestar declaración ante la gendarmería vaticana, Vallejo Balda permaneció detenido y Chaouqui, fue puesta en libertad. Los documentos filtrados aparecen en los libros Via Crucis y Avarizia, escritos por los periodistas italianos Gianluigi Nuzzi y Emiliano Fittipaldi respectivamente. Ambos libros fueron publicados días después de las detenciones.
Hace solo unos días, la Santa Sede anunció que, además de a los dos miembros de la COSEA detenidos, la fiscalía también había decidido acusar a los periodistas Nuzzi y Fittipaldi por su posible complicidad en el delito de difusión de noticias y documentos reservados.
El papa Francisco solo ha hecho referencia en una ocasión a estos sucesos. Lo hizo el pasado 8 de noviembre, durante la oración del ángelus. El Santo Padre recordó que robar estos documentos es un delito y un acto deplorable.
Se trata así del tercer juicio que se celebra en el Vaticano, después del caso Vatileaks contra el mayordomo de Benedicto XVI, Paolo Gabriele, acusado por los mismos delitos en 2012. El segundo caso fue el pasado 15 de julio, cuando se celebró una primera audiencia contra el ex nuncio de República Dominicana Josef Wesolowski, acusado de pederastia. En esa ocasión no se presentó a la audiencia por estar hospitalizado y murió antes de que se reiniciase el proceso.
