En las últimas semanas, desde el comienzo del proceso por la divulgación de documentos confidenciales, comúnmente conocido como «Vatileaks 2», mucho se ha escrito y se hablado sobre la evaluación del sistema judicial del Estado de la Ciudad del Vaticano y en particular sobre el Tribunal en el que dicho proceso está incardinado y los procedimientos que sigue.
Debido a que muchos de estos comentarios son inapropiados –o, a veces totalmente injustificados– es oportuno presentar algunos datos para tener una visión más clara y poder evaluar correctamente este aspecto fundamental del caso. Así se ha manifestado el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi, en un comunicado publicado este lunes.
En primer lugar, el portavoz recuerda “que en el Estado de la Ciudad del Vaticano está en vigor un sistema judicial propio, completamente autónomo y separado del italiano, dotado de sus propios órganos judiciales para los distintos niveles de juicio y de la legislación necesaria en materia de derecho penal y procesal”.
Dicho sistema –precisa Lombardi– cuenta con todas las garantías procesales de los sistemas jurídicos contemporáneos más avanzados. De hecho, “están previstos y cumplidos plenamente todos los principios fundamentales”, asegura.
Por otro lado, explica que todas las personas interesadas por la función judicial, tanto instructores como jueces, “se seleccionan por cooptación, ya que no pueden designarse a través de públicas oposiciones entre los ciudadanos del Estado, como sucede en otros estados”. Por tanto, precisa Lombardi, son seleccionados entre los profesionales de alto nivel, que cuentan con amplia experiencia y reconocido prestigio.
A propósito de los abogados, se indica que “la normativa vigente en el Vaticano, aplicada por los tribunales, está absolutamente conforme con la de la mayoría de las leyes procesales del mundo, donde la admisión al patrocinio en los tribunales requieren una habilitación específica para el ejercicio de la profesión, concedida en presencia de requisitos y calificaciones establecidos por cada ordenamiento”.
Asimismo, el padre Lombardi asegura que “todos los abogados están inscritos en un Colegio profesional, que se puede consultar fácilmente, de profesionales autorizados al patrocinio ante el Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano, entre los cuales se selecciona a los abogados de turno de oficio o se eligen los abogados de confianza”. Además, todos ellos tienen un segundo título universitario en Derecho Canónico y un diploma de postgrado de tres años más, otorgado por el Tribunal de la Rota Romana.
