La Pontificia Comisión para la Protección de los Menores ha publicado un comunicado, firmado por su presidente el cardenal Sean O’Malley, a propósito de la obligación de denunciar cualquier sospecha de abuso sexual a las autoridades civiles.
De este modo, el presidente y los miembros de la Comisión, han querido afirmar que “nuestras obligaciones, en virtud de la ley civil, deben ser sin duda respetadas, pero incluso más allá de estos requisitos, tenemos toda la responsabilidad moral y ética de denunciar el supuesto abuso a las autoridades civiles que tienen la tarea de proteger a nuestra sociedad”.
En la declaración, el cardenal O’Malley señala que en Estados Unidos, en la Charter de los Obispos indica claramente la obligación para todas las Diócesis/Eparquías y para todo su personal el deber de informar de cualquier sospecha de abuso a las autoridades públicas.
Asimismo, precisa que “cada año, en nuestra reunión de noviembre, en una sesión de capacitación para los nuevos Obispos, esta obligación se reafirma” y durante cada mes de febrero, “la segunda Conferencia ofrece un programa de formación para los nuevos Obispos en donde se reitera claramente y explícitamente esta obligación”.
Finalmente, el comunicado explica que como Comisión de asesoramiento del Santo Padre para la protección de los menores, han compartido recientemente con el papa Francisco “una visión general de las iniciativas de educación de la Comisión para las Iglesias locales de los últimos dos años”. También han reafirmado la voluntad de los miembros de “ofrecer materiales para los cursos que se ofrecen en Roma, incluyendo también el programa anual de formación para los nuevos Obispos y para las oficinas de la Curia romana con el fin de que puedan utilizarlos en sus esfuerzos para proteger a los menores”.
La Pontificia Comisión para la Tutela de Menores se reunió en Roma durante la primera semana de febrero. Al concluir la reunión, informaron que el trabajo se había concentrado en la “actualización de los proyectos en marcha y sobre el desarrollo y la elaboración de las propuestas”. Además, indicaron que se presentaron a la Asamblea Plenaria borradores de propuestas para discusiones posteriores y decisiones sobre las políticas que se presentarán al Santo Padre. “Las líneas guía –explicó el comunicado– servirán para reconocer la diversidad de informaciones y orientaciones que actualmente están a disposición de la Iglesia en el mundo”.
Algunas de estas propuestas incluían “la petición de recordar a todas las autoridades de la Iglesia la importancia de una respuesta directa a las víctimas” y “la institución de una Jornada Universal de Oración y de una liturgia penitencial”.
Durante el encuentro de primeros de febrero, la Comisión anunció que uno de sus miembros, el activista británico contra la pedofilia Peter Saunders, que había sido víctima de abusos por parte de un sacerdote católico cuando era pequeño, dejaba de formar parte del grupo. La Comisión Pontificia para la protección de menores –indicó un comunicado publicado el sábado– discutió la orientación y los objetivos de la propia Comisión. Como resultado de la discusión se decidió que el señor Peter Saunders tomará un período de licencia en su participación como miembro para reflexionar cómo él pueda contribuir del mejor modo en el trabajo de la comisión.
La comisión fue instituida por el Santo Padre en marzo de 2014 para que le asesore y aconseje en la lucha contra los abusos sexuales, siguiendo la línea de ‘tolerancia cero’ iniciada por Benedicto XVI.
