(ZENIT – Roma).- El proceso llamado Vatileaks 2, ¿Había que hacerlo? ¿Se hizo correctamente? ¿Con cuáles conclusiones?
A estas preguntas el portavoz de la Oficina de prensa de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi, ayer respondió que sí, en una nota difundida, después de la sentencia sobre los cuatro imputados en el proceso por fuga de noticias reservadas del Vaticano, el cual duró 8 meses y que concluyó con dos condenas bastante benévolas.
Además con el proceso realizado –concluyó Lombardi– “se podrán sacar las conclusiones y las reflexiones útiles para prevenir en el futuro que se repitan situaciones y casos análogos”.
Se tenía que hacer –aseguró– porque existe una ley reciente para este tipo de delitos y para mostrar la voluntad de combatir con decisión las indiscreciones filtradas al exterior, que causan tensiones y que no dan a la opinión pública una información objetiva y serena. Es una “enfermedad” que es necesario combatir con determinación, dijo.
El portavoz reiteró también, que la libertad de expresión va defendida, pero reconoció que hay límites que es necesario respetar. Y recordó también que Benedicto XVI había autorizado un proceso contra el mayordomo, y que ahora no se podía actuar diversamente.
Señala además que el proceso duró relativamente poco teniendo en cuenta que la pericia informática solicitada por la defensa duró dos meses. Aseguró además que las sentencias no fueron preconcebidas sino fruto de un proceso justo. Concluyó indicando que las motivaciones de la sentencia serán depositadas y dadas a conocer en las próximas semanas.
Los dos periodistas imputados, Gianluigi Nuzzi, autor del libro Via Crucis, y Emiliano Fittipaldi, del libro Avaricia, fueron absueltos «por defecto de jurisdicción», ya que los hechos no ocurrieron en territorio del Vaticano y ambos no son funcionarios del mismo.
Después de la sentencia Nuzzi declaró: «Hoy es una jornada histórica, no sólo para los cronistas, sino para el Estado del Vaticano, porque la Corte expresó el reconocimiento (de la libertad de prensa) como dijimos desde el principio. (…) Este veredicto marca con fuerza el giro del pontificado del papa Francisco».
«Éste fue un proceso kafkiano por las acusaciones –señaló Fittipaldi– pero la sentencia es la demonstración de un paso hacia atrás inteligente».
El monseñor español Lucio Ángel Vallejo Balda, quien se asumió la responsabilidad de haber filtrado los documentos de la comisión Cosea, creada por Francisco para analizar la situación económica de la Santa Sede, fue condenado a 18 meses de reclusión, de los cuales ya ha pasado detenido 8 meses. La responsable de relaciones públicas de la COSEA, Francesca Chaouqui, fue condenada a 10 meses de reclusión, con pena suspendida por 5 años, transcurridos los cuales si no comete delitos no deberá cumplir la sentencia. Sobre el delito de asociación para delinquir, ambos fueron absueltos. Ellos deberán pagar los gastos del proceso. El secretario de la COSEA, Nicola Maio, fue absuelto por falta de pruebas.
