(ZENIT- 29 julio 2019).- La comisión penitenciaria de la Iglesia Católica en Filipinas pidió a los legisladores de la nación que no prestaran atención al llamado del presidente Rodrigo Duterte a restablecer la pena de muerte en el país.
Así informó CBCP News, el servicio de noticias de la Conferencia Episcopal de Obispos Católicos de Filipinas el pasado martes, 23 de julio de 2019.
El llamamiento de Duterte, realizado ante cientos de legisladores y diplomáticos reunidos el lunes 22 de julio, tiene el propósito de disuadir crímenes relacionados con las drogas, así como con el saqueo.
Rodolfo Diamante, secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Atención Pastoral Penitenciaria, instó a los legisladores a mantener la prudencia sobre la pena capital. Filipinas ilegalizó la pena de muerte en 1987, la restauró seis años más tarde y la eliminó, de nuevo, en 2006.
«Les instamos a que estudien a fondo los proyectos de ley y determinen si realmente abordarán los problemas del tráfico de drogas y el saqueo», declaró el miembro de la comisión episcopal según indica la citada fuente.
Diamante pidió también a dichos legisladores, en su mayoría aliados de la administración Duterte, que no aprueben medidas solo para complacer al presidente.
«Han sido elegidos por el pueblo para trabajar por su bienestar, no por el del presidente», declaró.
El funcionario eclesiástico reiteró que la pena capital nunca ha sido un elemento disuasorio de la delincuencia y que es contraria a los pobres. «No le des a nuestra gente una ilusión y una ‘solución’ rápida a nuestros problemas. Se merecen algo mejor», añadió.
Guerra contra las drogas
Duterte utilizó su discurso anual sobre el Estado de la Nación para pedir la pena de muerte como parte de su guerra contra las drogas y para abordar el arraigado problema de la corrupción en el país.
No obstante, la campaña contra el narcotráfico ha provocado una oleada de muertes en Filipinas. La práctica de las ejecuciones extrajudiciales por parte del Gobierno acaban con la vida de muchos jóvenes inocentes por el simple hecho de ser sospechosos de consumir o traficar con dichas sustancias.
Por todo ello, la consabida campaña del gobernante filipino ha sido criticada por la Iglesia y las organizaciones de derechos humanos.
