(ZENIT – 31 julio 2019).- Ante la crisis humanitaria vivida en la frontera de Chile con Perú, la Conferencia Episcopal de Chile (CECh), a través de la Pastoral Social Caritas Chile y el Instituto Católico Chileno de Migración (INCAMI), ha realizado “un fuerte llamado a la ‘misericordia’ y a no restringir las posibilidades de ingreso de la comunidad venezolana”.
Así lo informó la CECh a través de un comunicado difundido ayer, 30 de julio de 2019.
La situación que se está experimentando en la frontera de Arica (Chile), con Tacna (Perú), se ha visto empeorada en las últimas semanas por la repentina solicitud de una visa consular de turismo para el ingreso de migrantes venezolanos al país.
Vulneración de los derechos humanos
En el comunicado del episcopado chileno se denuncia que la exigencia de dicho visado “ha vulnerado los derechos humanos de decenas de personas”.
Igualmente, se explica que “esta medida imprevista ha saturado los puestos fronterizos y consulados debido a que, quienes llevaban semanas de desplazamiento, no tenían conocimiento de los nuevos requisitos de ingreso”.
Por otra, parte, el texto señala que en Chile es necesario “repensar el tema migratorio”, ante la falta de una ley que se ajuste al nuevo panorama latinoamericano, que presenta una oleada creciente de personas migrantes.
En este sentido, las organizaciones católicas piden “trabajar en conjunto para establecer una política integral que regule la migración y permita abordar de mejor manera los desafíos del tránsito de personas, especialmente de aquellas desplazadas por graves situaciones políticas y económicas”.
La Iglesia atiende y acompaña
Ante todo ello, el comunicado describe que la Iglesia Católica “invita a construir una cultura del encuentro y la acogida” con cientos de parroquias y comunidades que “desde el primer momento han recibido, atendido y buscando estrategias para facilitar el proceso de integración de los migrantes”.
De este modo, la Red de Iglesia Migrante conformada por el INCAMI, Caritas Chile, la Vicaría Pastoral Social Caritas y el Departamento de Movilidad Humana del Arzobispado de Santiago, junto con otras organizaciones religiosas que trabajan en favor de los migrantes en el país, “atiende y acompaña a las personas migrantes en casas de acogida, centros de atención e información, bolsas de empleo, cursos de idiomas, centros de asesoría legal y buscando instancias de integración para que la sociedad de llegada los conozca y los reciba como hermanos y al mismo tiempo para que ellos conozcan y aporten a la sociedad a la que están llegando sus tradiciones y organización”.
Llamado a los gobiernos de la región
Al tratarse de una problemática que no solo implica a Chile, el contenido de la nota presenta “un llamado a la búsqueda de soluciones que involucren a todos los gobiernos de la región, y especialmente a quienes son responsables de la conducción política de Venezuela, para generar las vías de salida de esta crisis que desangra a su pueblo”.
Y añade que “mientras eso no suceda, todos quienes formamos parte de Latinoamérica estamos moralmente involucrados y nuestro país debe aportar con medidas razonables de solicitud de documentación a personas que viven el drama del desplazamiento desde Venezuela”.
Advertencia del Papa Francisco
El comunicado remite al Mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado del Papa Francisco, difundido el pasado mes de mayo, en el que advierte sobre la “globalización de la indiferencia” en este escenario en el que las personas migrantes “con frecuencia son objeto de juicios negativos, puesto que se las considera responsables de los males sociales”.
Así, el texto también se dirige a las autoridades para estimular a que las decisiones venideras sobre este asunto sean resultado de “una reflexión serena y desde una mirada cercana a las personas que más sufren”, ya que todas las disposiciones presentan “consecuencias humanitarias” que afectan a “niños, embarazadas, adultos mayores, entre otros (…)”.
Finalmente, en el mensaje se demanda “no incurrir en acusaciones infundadas a instituciones de Iglesia, respecto de una supuesta promoción de ingresos irregulares de personas al país”, ratificando el compromiso de la institución con el cumplimento de la ley.
