(zenit – 15 sept. 2020).- La Audiencia Nacional de Madrid ha condenado a 133 años de cárcel al excoronel Inocente Orlando Montano Morales, como uno de los responsables de la masacre cometida por las Fuerzas Armadas salvadoreñas en el campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), el 16 de noviembre de 1989.
En San Salvador, la noche del 16 de noviembre de 1989, un equipo militar entró en la casa de los jesuitas de la Universidad Centroamericana (UCA) y mató a seis religiosos y dos mujeres que colaboraban con ellos en la casa: Ignacio Ellacuria, rector, filósofo y teólogo, Segundo Montes, Ignacio Martín Baró, Amando López, Juan Ramón Moreno y Joaquín López, Elba Ramos y su hija Celina. Un acto que marcó por siempre a la UCA, al Salvador y al mundo entero.
Montano también ha sido declarado culpable del homicidio del jesuita salvadoreño Joaquín López, la cocinera Julia Ramos y su hija Celina, ocurrido en la misma circunstancia, pero no puede ser condenado por estos últimos delitos, ya que no entran dentro de la extradición del imputado, otorgada en 2017 por Estados Unidos.
Sentencia
La resolución de la Audiencia analiza el contexto en el que se produjeron los hechos: el protagonismo de la Iglesia, y de Ignacio Ellacuría en particular, en la búsqueda de una salida negociada al conflicto salvadoreño, los enemigos que ese proceso tenía en las fuerzas armadas y los precedentes —amenazas, registros, atentados— que se habían producido…
La sentencia relata la reunión de oficiales, entre los que se encontraba Montano, en la que se ordenó matar a Ellacuría y no dejar testigos, así como los hechos de la noche del crimen.
La sentencia argumenta que los asesinatos fueron cometidos desde los propios aparatos del Estado, “lo que comúnmente viene a denominarse como ‘terrorismo desde el estado’ que se fragua y desarrolla en determinados núcleos decisivos de poder”. En los hechos participó un grupo estable y permanente, que desde las más altas estructuras del poder en el Salvador y compuesto por el propio presidente de la República utilizaron la violencia y cometieron graves delitos, que causaron alarma y alteraron gravemente la paz y la convivencia ciudadana, cercenando el camino hacia el diálogo y la paz.
Satisfacción y perdón
El provincial de la Compañía de Jesús en España, Antonio España, ha mostrado su satisfacción porque “el principio de Justicia Universal, aplicado en España, haya servido para avalar jurídicamente la verdad”. También señala que la sentencia no agota las responsabilidades, y muestra su deseo de que la sentencia propicie avances en este sentido en el propio El Salvador. También recuerda que los jesuitas han expresado su disposición a perdonar a los autores.
La Universidad Centroamericana, por su parte, ha declarado que la sentencia ayudara “tanto a la conciencia nacional como al sistema judicial salvadoreño a dar pasos reales en favor de la verdad y la justicia, no solo en el denominado caso jesuitas, también en todos los casos pendientes de graves violaciones a los Derechos Humanos”.
