(zenit – 19 oct. 2020)-. Los obispos de la Conferencia Episcopal de Paraguay exhortaron a los que ejercen la representación política del país “a cumplir con el juramento de respetar y hacer respetar la Constitución Nacional y las leyes para fortalecer las instituciones democráticas y consolidar el Estado de Derecho”.
A través de un comunicado difundido el pasado 15 de octubre de 2020, los prelados recordaron algunos principios de la Doctrina Social de la Iglesia con el fin de contribuir al discernimiento sobre las acciones de quienes ejercen cargos de representación política, particularmente en la cámara de diputados.
Antecedentes
El comunicado de los obispos surge después de que 42 legisladores decidieran suspender de sus funciones a la diputada Celeste Amarilla por 60 días, explica el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) en una nota.
Esta situación ha causado una fuerte controversia en el país porque es consecuencia de una intervención en la que ella aseguró que muchos de los parlamentarios del país han recurrido a dinero de dudosa procedencia para acceder a sus cargos.
Esta denuncia contra la corrupción y la impunidad, le mereció una sanción de dos meses sin sueldo. Tras la suspensión de Celeste Amarilla, diputados de la oposición pidieron que se revise la sanción, pero 41 diputados votaron en contra y la suspensión se ratificó.
Fundamentos de la Doctrina Social de la Iglesia
Ante todo ello, los miembros del episcopado paraguayo recuerdan cinco fundamentos de la Doctrina Social de la Iglesia que se aplican a la situación e insisten en la importancia de preservar el estado de derecho y la democracia en la nación:
- Una auténtica democracia es posible solamente en un Estado de derecho y sobre la base de una recta concepción de la persona humana. La Iglesia sostiene que una auténtica democracia no es solo un respeto formal de las reglas, sino que es el fruto de la aceptación convencida de los valores que inspiran los procedimientos democráticos: la dignidad de toda persona humana, el respeto de los derechos del hombre y la asunción del “bien común” como fin y criterio regulador de la vida política.
- La democracia es fundamentalmente un “ordenamiento” y, como tal, un instrumento y no un fin. Su carácter “moral” no es automático, sino que depende de su conformidad con la ley moral a la que, como cualquier otro comportamiento humano, debe someterse; esto es, depende de la moralidad de los fines que persigue y de los medios de que se sirve.
- En el “Estado de Derecho” es soberana la ley y no la voluntad arbitraria de los hombres.
- Quienes tienen responsabilidades políticas no deben olvidar o subestimar la dimensión moral de la representación, que consiste en el compromiso de compartir el destino del pueblo y en buscar soluciones a los problemas sociales. En esta perspectiva, la autoridad responsable ejerce el poder con espíritu de servicio, teniendo como finalidad de su actuación el bien común y no el prestigio o el logro de ventajas personales.
- Entre las deformaciones del sistema democrático, la corrupción política es una de las más graves porque traiciona al mismo tiempo los principios de la moral y las normas de la justicia social; compromete el correcto funcionamiento del Estado, influyendo negativamente en la relación entre gobernantes y gobernados; introduce una creciente desconfianza respecto a las instituciones públicas, causando un progresivo menosprecio de los ciudadanos por la política y sus representantes, con el consiguiente debilitamiento de las instituciones.
