(zenit – 28 octubre 2020).- La diócesis de Chalatenango, al norte de El Salvador, declara en un comunicado leído por el obispo de la zona, monseñor Oswaldo Aguilar, que no se opone a la presencia militar en los “puntos ciegos” de los municipios de San Fernando, Arcatao, Nueva Trinidad y San Ignacio, pero llama al Gobierno de Nayib Bukele a respetar los derechos de los ciudadanos.
“Como diócesis, no nos oponemos a la presencia militar en estos lugares fronterizos, aunque lo ideal sería que no hubiese esta necesidad, siempre y cuando se respeten los derechos de la gente como es el poder tener el libre tránsito hacia sus cultivos en la hermana República de Honduras, que están bien próximos a nuestra frontera salvadoreña, que se les permita asistir a su ganado como ir a la corta de café, visitar a sus familiares y asistir a los servicios religiosos que por años han recibido por parte de la iglesia católica salvadoreña”, expone el documento del 26 de octubre de 2020.
Junto al obispo de Chalatenango en la rueda de prensa estuvieron presentes los párrocos de los municipios de Arcatao y Nueva Trinidad, Miguel Vásquez; San Fernando, Gilberto Robles Ayala; San Ignacio, Jesús Zamarrón; Ojos de Agua, Joaquín Isidro Rodríguez; Vicario parroquial de Ojos de Agua, Bernardo Forde; La Laguna-La Montañoa, Javier Guerra y Vicario de Pastoral de la Diócesis, Manuel de Jesús Acosta, quienes viven junto a los fieles esta difícil situación.
No estigmatizar a la población
Según la diócesis, el Gobierno está en su derecho de perseguir el ilícito, pero sin estigmatizarlos a todos, ya que afirman se ha criminalizado a la población que transita por la zona.
“Creemos que es importante hacer la distinción clara que una cosa es el combate al narcotráfico y otra situación humana que experimentan nuestros compatriotas que viven en esas comunidades, quienes expresan, no entender el por qué el presidente ha girado esta orden y ha señalado sus lugares como puestos de paso de droga y ellos mismos manifiestan que son testigos del esfuerzo cotidiano de la gente que trabaja en la búsqueda de una vida más digna y humana”, se lee en el texto.
Derecho a la movilización
Para el director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, Saúl Baños, en los municipios donde el actual Gobierno vulnera el derecho a la movilización han sido afectados históricamente, “durante el conflicto armado en el país centroamericano, hubo desplazamientos forzados, sobre todo hacia Honduras, debido a la intervención del Ejército; luego de finalizada la guerra, estos municipios fueron repoblados”, sostuvo.
Baños afirmó que la remilitarización de la seguridad pública “incumple los Acuerdos de Paz”, por lo que recomendó que se le “devuelvan las facultades a la Policía Nacional Civil para garantizar la protección de los derechos humanos de la población y sobre todo de la juventud, que está siendo criminalizada por su condición de ser joven y no por sus acciones”, puntualizó.
Demanda de explicaciones al Ministerio
El pasado 20 de octubre, los alcaldes de los municipios de San Fernando, Nueva Trinidad, Arcatao y San Ignacio, presentaron una iniciativa para pedir una explicación al Ministerio de Seguridad sobre la presencia militar en la zona.
Los alcaldes explicaron que los militares se hicieron presentes al lugar en el contexto de la pandemia por COVID-19 para evitar el ingreso de personas al país mediante puntos ciegos. Ante esto, el presidente Bukele reaccionó por la petición y acusó a los firmantes de trabajar para “narcotraficantes y contrabandistas”.
