(zenit – 2 nov. 2020).- La Iglesia de Nicaragua vive las consecuencias de la crisis política y económica experimentada en el país, agravada por la pandemia de COVID-19.
Desde el estallido social que vivió el pueblo nicaragüense en el año 2018, las cosas han cambiado, la polarización y la situación económica se han agravado ya que, según un informe del Banco Mundial, la economía se contrajo a un -4.0 y -3.9 por ciento en 2018 y 2019, respectivamente.
La pandemia de la COVID-19, sumada a la violencia de los últimos años, la pérdida de empleos y una caída en la confianza de los consumidores y de las empresas, más un declive en sectores como construcción, comercio y turismo han tenido un alto costo social y económico, amenazando los esfuerzos logrados en la reducción de la pobreza desde 2005.
Iglesia vive consecuencias
El arzobispo de Managua, cardenal Leopoldo Brenes, informó recientemente a medios locales que “nuestras 115 parroquias en la arquidiócesis de Managua están sufriendo cada vez más para poder pagar los servicios básicos que solo requieren la infraestructura parroquial”.
“Hablé con los sacerdotes -continúa el cardenal-, y me dijeron que, incluso renunciando a su salario, las parroquias no pueden pagar sus facturas de luz y agua, sino solo con la ayuda de los fieles, planifica poco a poco lo logran, a pesar de todo sabemos que los costos de los servicios han aumentado”.
Ante este panorama nada positivo, “muchas parroquias no han dejado de entregar alimentos a los más pobres que, con esta pandemia, han sido los más abandonados”, dijo el purpurado.
Crisis política
Recientemente el parlamento nicaragüense aprobó la “Ley Especial de Ciberdelitos”, dictaminada a favor por tres comisiones bajo el control del partido de Gobierno. Esta obligará a las empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones a “grabar” los datos de los usuarios y facilitar esta información al Gobierno, de acuerdo al análisis de abogados y diputados.
Los diputados del partido gobernante FSLN, expusieron la Ley Especial de Ciberdelitos el pasado 21 de octubre, otorgando facultades a los jueces para “ordenar” al proveedor de servicios de tecnologías de información y comunicación, “recolectar, extraer o grabar los datos relativos a un usuario, así como el tráfico de datos en tiempo real”.
El abogado José Pallais, opositor y expresidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional, advierte que este artículo es “grave”, pues establece que todos aquellos que participaron en la Rebelión de Abril, que son considerados como “criminales o terroristas” por el Gobierno, no podrán ser considerados como héroes o líderes de ese acto.
“Para el régimen los presos políticos son autores de crímenes, entonces, quien pondere la figura de un preso político puede ser sujeto de aplicación de esta barbaridad. Por ejemplo, esto va dirigido también al que promueva la resistencia contra el régimen, otro que pudieran ellos considerar delito: un tranque”, interpretó Pallais.
Recurso
Cien organizaciones no gubernamentales y seis redes que integran la Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG, interpondrán un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 1040 o Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que obliga a quienes reciben fondos internacionales a registrarse ante Ministerio de Gobernación como “agentes extranjeros”.
Según un comunicado en el que mostraron su rechazo a esta ley, ninguna de las organizaciones que integran la Plataforma se inscribirá.
Previo a la aprobación de esta ley, la Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG tuvo conversación con varios cooperantes internacionales que están en el país y estos se mostraron sumamente preocupados porque, incluso hasta quienes trabajan para ellos en Nicaragua, tendrían que registrarse como “agentes extranjeros”, sostuvo Amaru Ruiz. Ella es ambientalista y directora de la Fundación del Río, una de las organizaciones que le fue cancelada su personería jurídica por el gobierno de Daniel Ortega, durante entrevista con el programa televisivo Esta Noche.
Actualmente en el país hay 7.222 organizaciones no gubernamentales inscritas que ejecutan proyectos de desarrollo, educación, derechos humanos y otras áreas de desarrollo en sectores vulnerables. Varios centros de atención integral que están ligados a alguna de estas organizaciones han sido clausuradas en las últimas semanas.
Obispo de Matagalpa: Ser constructores de paz
Hasta el cierre de esta nota los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua no se han pronunciado como cuerpo colegiado sobre las dos leyes recién aprobadas en el parlamento nicaragüense.
Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, llamó a “trabajar por la paz” durante la Eucaristía dominical, “porque alguien que ande con resentimiento, rencor y odio no puede construir paz; la paz que nace en el interior de la persona, en la familia”, subrayó.
