(zenit – 24 nov. 2020)-. Los obispos de la Conferencia Episcopal Española (CEE) se pronunciaron el pasado 20 de noviembre de 2020 a través de una nota sobre la nueva Ley de Educación LOMLOE aprobada un día antes.
Publicada tras la celebración de la Asamblea Plenaria de otoño, del 19 al 20 de noviembre, la comunicación comienza recordando que el Congreso de los Diputados aprobó la nueva ley educativa para ser tramitada en el Senado y volver de nuevo para su “aprobación definitiva”.
La Educación, señala, “tiene un significado singular y relevante para la vida y el futuro de niños y jóvenes, de las familias y de la sociedad entera”, y “es el ámbito donde se contribuye a edificar el porvenir de una nación y su salud democrática”.
Apoyo a la docencia
Dada la inquietud que “ha generado la formulación y la manera de tramitarse de la nueva ley”, los obispos han creído “necesario ofrecer ahora algunas reflexiones”. Pero antes han expresado su “reconocimiento a todos los docentes que en este tiempo de pandemia están redoblando sus esfuerzos para seguir educando y formando a las nuevas generaciones”.
“Es un trabajo silencioso, pero nos consta que se realiza con una dedicación personal y profesional que permite mantener la tarea escolar por encima de todo”, apuntan.
Problemática de la nueva ley
Los prelados españoles lamentan en particular la tramitación de la Ley LOMLOE “a pesar de las difíciles circunstancias causadas por la pandemia y con unos ritmos extremadamente acelerados”, pues ello “ha impedido la participación adecuada de toda la comunidad educativa y de los diferentes sujetos sociales”.
Consideran “necesario insistir” en que el “verdadero sujeto de la educación es la sociedad”, y en primera instancia la familia: “No sería aceptable que el Estado pretendiera apropiarse de este protagonismo de la familia y de la sociedad, a cuyo servicio está llamado, identificando el carácter público de la enseñanza con su dimensión organizativa de carácter estatal. No solo lo que es de titularidad estatal es público”.
Se han sumado a las palabras del Papa Francisco sobre la urgencia de un Pacto Educativo Global, “que el Gobierno ha aplaudido de manera informal”, y que tiene el significado de “privilegiar el camino del diálogo, de la escucha y del acuerdo”, de manera que las “propias posiciones ideológicas” , todas “confesionales”, no se conviertan en “criterio de exclusión”.
Fue el presidente de la CEE quien al inicio de la Asamblea Plenaria dijo que “sería conveniente que de este pacto educativo pudiera concretarse una ley sólida que no sea objeto de debate con cada cambio de color político en el Gobierno”.
Apelando a la Constitución
Los obispos ven necesario pedir que la nueva ley “ofrezca una mayor protección del derecho a la educación y la libertad de enseñanza”, según marca el artículo 27 de la Constitución Española y en su “interpretación jurisprudencial”. De esta manera, les preocupa que dicha ley “introduzca limitaciones a estos derechos y libertades y, en primer lugar, al ejercicio de la responsabilidad de los padres en la educación de los hijos”.
Comprenden y apoyan el esfuerzo realizado por las “familias, plataformas y agentes sociales que en estos días se han movilizado en la defensa de estos derechos, y particularmente de los referidos a los alumnos con necesidades especiales”.
En esta línea, han afirmado que la ley “debería recoger la ‘demanda social’ en todas las etapas del proceso educativo: libertad de creación de centros escolares, libertad de elección de centro y propuesta educativa, trato en igualdad de condiciones a los diversos tipos de centro, para lo cual es necesaria la gratuidad de la enseñanza sin discriminaciones”.
Educación religiosa y moral
Los mitrados de la CEE lamentan “profundamente los obstáculos y trabas que se quieren imponer a la acción de las instituciones católicas concertadas”. “No es el momento”, indican, de “enfrentar entidades e instituciones educativas, sino de trabajar conjuntamente, en el espacio público, para ofrecer una educación adecuada a todos los niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país”.
En diálogo con el Ministerio, la Conferencia Episcopal Española ha recordado que “no puede excluirse del ámbito escolar la educación de la dimensión moral y religiosa de la persona, para que ésta pueda crecer como sujeto responsable y libre, abierto a la búsqueda de la verdad y comprometido con el bien común, recibiendo para ello una formación integral”.
Por esto mismo, ha propuesto “que la enseñanza religiosa escolar quede integrada en un área de conocimiento común para todos los alumnos, en un modo que no genere para nadie agravios comparativos”, y ha rememorado que “esta asignatura no debe ser considerada ajena al proceso educativo, sino que ha de ser comparable a otras asignaturas fundamentales”.
“Lamentablemente”, su propuesta no ha recibido respuesta. De hecho, “el texto legislativo aprobado suprime el valor académico de la evaluación de la asignatura de Religión, y deja a los alumnos que no cursen esta asignatura sin una formación con contenido escolar”.
Los prelados explican que “no es aceptable la descalificación de esta asignatura o del trabajo de sus profesores como adoctrinamiento”, todo lo contrario, “respeta el conjunto de exigencias propias de su presencia en el ámbito escolar, relativas a la metodología o al estatuto del profesorado”: Es elegida, prosiguen, “con buenas razones por una mayoría de familias, y reconocida en su contribución a la educación integral de la persona y su compromiso en la sociedad. De hecho, está presente en la mayoría de los sistemas educativos europeos”.
Papel de la Iglesia
Por último, la nota aclara que la Iglesia ha “desarrollado una gran tradición educativa, que ha sido y deseamos que siga siendo una riqueza de nuestra sociedad”. “Más allá del debate sobre una ley”, sigue, “es consciente de la necesidad de seguir defendiendo la inclusión escolar y educativa de la enseñanza religiosa escolar como integrante del ámbito de una necesaria educación moral”.
“Y, como Pueblo de Dios, en todos sus miembros, seguirá trabajando para hacer posible el crecimiento, la libertad y la pluralidad de la propuesta educativa para servir así al bien de los alumnos, las familias y toda la sociedad”, concluye.
