Redacción
(Zenit 28.04.2021) Nuevas medidas de corte restrictivo llegan a los lugares de culto, y también a sus exteriores, en Irlanda. El pretexto es la pandemia.
En un artículo de Oran Doyle, profesor de leyes en Trinity College Dublin, se analiza la evolución de medidas restrictivas para la libertad religiosa hasta llegar a estas nuevas medidas.
De abril a junio de 2020 se aplicó la disposición SI 121/2020 que prohibía la salida sin excusa razonable. Por entonces entraba dentro de lo legal la salida de un ministro de culto para el ejercicio de su ministerio. Para el resto de personas quedaba vetada la participación en eventos de tipo religioso, salvo que se vieran desde casa.
En el verano de 2020 se flexibilizó la normativa aunque esa flexibilización no incluía asistencia a eventos sociales, si bien no se especificaba el veto a los religiosos. Hacia finales del mes de junio se eliminaron más restricciones y las que quedaban seguían sin aludir a eventos relacionados con la fe. Sin embargo, poco a poco se implementaron medidas restrictivas que incluían la imposibilidad de una completa libertad de movimiento. Los ministros de culto conservaban algunas posibilidades de desplazamiento para el ejercicio de sus funciones.
Para el otoño de 2020 se endurecieron las restricciones y para finales de año -y hasta abril de 2021- se prohibieron los eventos religiosos al catalogarse (cosa que no había sido especificada en toda la normativa precedente) como “evento relevante”.
Las disposiciones emanadas por la autoridad han dado pie, debido a su confusión e inexactitud, a poderlas interpretar, especialmente las más recientes, como prohibitivas en el ámbito de los derechos humanos como es el caso de la libertad religiosa. Es así que un experto en leyes, como es el caso del profesor Doyle, llega a la conclusión que según la normativa más reciente se criminaliza los servicio religiosos, incluso al aire libre: “Esto tiene como resultado que si un sacerdote se encontrara con un feligrés para una confesión al aire libre, ambos estarían cometiendo un delito; mientras que, si dos personas se encontraran para charlar o hacer ejercicio, no estarían cometiendo un delito. La criminalización diferencial de actividades religiosas y no religiosas en apariencia similares probablemente hace que la regulación 10A sea más vulnerable a la impugnación legal”, escribe el profesor.
Y añade: “La Regulación 10A parece diseñada con el único propósito de criminalizar los servicios religiosos, mientras oculta ese único propósito a través de un esquema extraño e innecesariamente complicado de referencias cruzadas legislativas”.
Esta confusión no es un mero ejercicio académico. Las más recientes disposiciones han hecho que el arzobispo de Armagh y primado de Irlanda, Mons. Eamon Marton, haya manifestado críticas a la normativa: “Consideramos que la publicación de este instrumento legal, junto con las disposiciones penales asociadas, es provocativa y constituye una posible infracción de la libertad religiosa y de los derechos constitucionales”. Y añadió: “Constantemente le hemos dicho al gobierno que las personas de fe valoran mucho su bienestar espiritual y consideran la práctica pública de su fe como algo esencial, algo que no ha sido suficientemente reconocido en los estatutos”.
A la voz del primado de Irlanda se han sumado críticas como las del obispo de Waterford, Mons. Alphonsus Cullinan o el de Ferns, Mons. Denis Brennan.
