Por: Enrique Villegas.
A finales de diciembre de 2020 el senado de Argentina aprobó la legalización del aborto. La entrada en vigor, como en muchos otros países, conlleva que se destinen fondos públicos para financiar esos procedimientos. Dado que el gobierno no genera riqueza, ese dinero sale de los impuestos de todos los contribuyentes, también de los que no están a favor del aborto y que en Argentina, a juzgar por las manifestaciones contra el aborto, son mayoría.
Considerando esto, un grupo de diputados argentinos liderados por el diputado Francisco Sánchez está impulsando un proyecto de ley que abordando la financiación del aborto deriva en admitir la objeción de conciencia tributaria.
El proyecto plantea que la financiación del aborto emerja de un fondo específico y no de partidas presupuestarias, extrapresupuestarias o del Tesoro Nacional. Ese fondo recibiría las ayudas sólo de personas o asociaciones muy concretas que estén a favor del aborto y que radiquen en el país. Al mismo tiempo, esto salva y protege un derecho reconocido por la legislación argentina: que el ciudadano no contribuya económicamente a algo que va contra su conciencia.
