Por: P. Jorge Enrique Mújica, L.C.
En abril de 2020, tras más de 400 días de prisión, el Cardenal George Pell fue absuelto por unanimidad por el máximo tribunal australiano: la Corte Suprema. Se le acusó de supuestos abusos durante su misión como obispo de Melbourne entre 1996 y 1997, concretamente de un hecho no probado al final de una misa en la catedral de la diócesis. El acusador, que entonces contaba con 13 años, afirmó haber sido abusado y lo dijo también de otro compañero que nunca testificó y que posteriormente ya no pudo hacerlo al haber fallecido. Por tanto, la primera condena de 2018 y la posterior confirmación de la Corte de Apelaciones se basaban en el único testimonio de quien era a la vez acusador y supuesto testigo, por más que razonablemente las pruebas no dieran indicios de absoluta certeza y que el demandante se contradijera en varias ocasiones. Los dos tribunales inferiores adujeron que la persona era digna de crédito y en eso basaron sus sentencias.
El cardenal apeló al máximo tribunal australiano y fue ahí donde por unanimidad los jueces determinaron que “el jurado, juzgando racionalmente a la vista del conjunto de las pruebas, debería haber mantenido una duda sobre la culpabilidad del recurrente con respecto a cada uno de los cargos por los que fue condenado”. Y añade: “El análisis de los jueces [de la mayoría] omitió afrontar la cuestión de si (…) había una posibilidad razonable de que no hubieran tenido lugar los delitos”. Y más adelante: “Existe una posibilidad significativa de que se haya condenado a una persona inocente, porque las pruebas no eran suficientes para determinar la culpabilidad con la certeza requerida por la ley”. Por entonces el cardenal Pell ya llevaba más de un año en la cárcel.
Ya en 2018 los tribunales impusieron a los medios de comunicación una orden judicial que imponía sigilo sobre el caso para no influir en las decisiones y porque en ese momento el cardenal estaba imputado en otro caso que después fue desestimado. El sigilo se imponía hasta 2019. Sin embargo, una docena de periódicos y portales no acataron la orden judicial. De hecho, el pasado mes de febrero medios de comunicación se declararon culpables de desacato por lo que este viernes 4 de junio de 2021 se les impuso unas multas que oscilan entre 600 euros y 280 mil euros. Se incluye, además, el pago por los costos legales del juicio (casi medio millón de dólares). Entre los medios se encuentran Australian Financial Reviee, Daily Telegraph, Sydney Morning Herald o The Age y una veintena de editores, presentadores y periodistas.
En palabras del juez John Dixon los delitos de algunos medios “constituyeron un desafío flagrante y deliberado de la autoridad de la corte. Cada uno asumió un riesgo deliberado al promover intencionalmente un ataque colateral sobre el papel de las órdenes de supresión en el sistema de justicia penal de Victoria”.
Tras los trece meses en la cárcel, el cardenal Pell regresó a Roma, donde actualmente reside. Ha publicado dos volúmenes de sus memorias en la cárcel. Muy pocos medios de comunicación dieron la misma cobertura y visibilidad a la absolución recibida. Curiosamente, todos respetaron la identidad del acusador, que de hecho aún no es pública, no obstante haber perdido la demanda.
