Por: Austin Ruse
(ZENIT Noticias – Center for Family and Human Rights / Nueva York, 10.10.2021).- Un nuevo informe que acaba de transmitir el Secretario General a la Asamblea General de la ONU pide sanciones penales contra cualquiera que critique la teoría de género, la orientación sexual, la identidad de género e incluso la educación sexual.
El informe de septiembre, elaborado por el experto independiente Víctor Madrigal-Borloz, que trabaja bajo los auspicios del Consejo de Derechos Humanos, sostiene que existe una «reacción violenta» sustancial contra los avances en derechos humanos logrados por homosexuales y transexuales, y que esta reacción amenaza y perpetra la violencia contra estas personas.
Madrigal-Borloz señala que esta reacción se debe a un «fuerte aumento de líderes políticos ultraconservadores y grupos religiosos que utilizan sus plataformas para promover el fanatismo, deshumanizar a las personas y fomentar el estigma y la intolerancia entre sus electores».
Madrigal-Borloz cita un informe que afirma que los grupos «anti-género» de Estados Unidos recaudaron $6.2 mil millones entre 2008 y 2013 y que estos grupos canalizaron $1 mil millones en todo el mundo para luchar contra el aumento de los derechos LGBT. El informe es del Proyecto de Filantropía, una coalición de fundaciones de izquierda, dos de las cuales, la Fundación Ford y la Fundación Arcus, tienen un total de $14,7 mil millones bajo administración financiera. El grupo líder «anti-género» citado en su informe es la Organización Internacional para el Matrimonio, que recaudó solo $247,000 en 2019.
Uno de los pocos grupos que Madrigal-Borloz menciona por su nombre es la Iglesia Católica. Madrigal-Borloz dice que «la doctrina de complementariedad de la Santa Sede sostiene que las mujeres no son iguales sino que tienen roles sociales complementarios». Madrigal-Borloz argumenta que la comprensión de la familia por parte de la Iglesia Católica es una violación de las leyes de derechos humanos existentes.
Madrigal-Borloz afirma que esos puntos de vista «crean un riesgo significativo para la promoción de los derechos de las mujeres y pueden fomentar la violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual y la identidad de género». Cita los esfuerzos realizados en los Estados Unidos para garantizar que los niños con confusión de género no jueguen en deportes de niñas.
El informe se refiere a estas creencias como «narrativas excluyentes» que equivalen a un discurso de odio e incluso a la violencia. Tales narrativas «aprovechan las ideas preconcebidas, el estigma y los prejuicios para crear una atmósfera de pánico y preocupación moral y crea el riesgo de perpetuar la violencia y la discriminación».
Madrigal-Borloz pide a los Estados miembros de la ONU que «tomen acciones decisivas y concertadas para contrarrestar las prácticas excluyentes que amenazan con socavar los marcos internacionales, regionales y nacionales de derechos humanos y género». En especial, dice que «las prácticas de exclusión no están en conformidad con el derecho internacional, de los derechos humanos y deben ser tratados en consecuencia, incluido el colocarlos bajo el marco legal para el discurso de odio y los delitos de odio».
El año pasado, Madrigal-Borloz emitió un informe en el que pedía la penalización de la terapia de conversación para las atracciones y comportamientos no deseados del mismo sexo. En ese informe, Madrigal se refirió a los psiquiatras que ofrecen esa ayuda como «perpetradores».
Cabe señalar que la Asamblea General de la ONU nunca ha reconocido el “género” como una construcción social. De hecho, los Estatutos de Roma de la Corte Penal Internacional, un tratado de derecho estricto de 1998, definieron el «género» como hombres y mujeres.
La Asamblea General nunca ha reconocido la “orientación sexual e identidad de género” como una categoría de no discriminación. El derecho internacional tampoco reconoce el concepto de «transgénero».
El informe de Madrigal-Borloz es un documento ambicioso que no tiene fuerza legal, pero que sin duda será utilizado por otros actores de la ONU para promover estas ideas.
También puede ser utilizado por los gobiernos nacionales para ilegalizar incluso la crítica de la ideología de género.
