(ZENIT Noticias – Asia News / Islamabad, 23.02.2022).- El abuso de las leyes contra la blasfemia es obstinado y constante en Pakistán. Un informe reciente publicado por el Observatorio de Derechos Humanos del Centro para la Justicia Social recopiló datos sobre las denuncias de blasfemia desde que la ley entró en vigor en 1987, con un enfoque centrado en el año que acaba de terminar.
En los primeros cuatro años desde que entró en vigor de la ley, introducida durante el régimen militar del general Zia ul-Huq, no hubo más de 18 casos por año. Las cosas cambiaron en las décadas siguientes: las denuncias de blasfemia aumentaron progresivamente, alcanzando un máximo de 208 en 2020. Entre 2001 y 2010 hubo 708 casos en total y aumentaron a 767 en la última década. La mayoría de las víctimas son de religión musulmana y casi todos los casos se registran en Punjab.
Tomando como referencia el año 2020, en el 70% de los casos los acusados son musulmanes chiítas, mientras que los sunitas solo el 5%, los ahmadíes el 20%, los cristianos el 3,5%, los hindúes el 1% y el 0,5% de religión no identificada. La tendencia volvió a confirmarse en 2021, aunque se registraron «solo» 84 casos: 45 musulmanes, 25 ahmadíes, 7 cristianos y 7 hindúes. Considerando la totalidad de las acusaciones desde 1987 hasta 2021, los musulmanes representan casi la mitad de las víctimas, con el 47,6%, los ahmadis el 33%, los cristianos el 14,4% y los hindúes el 2,2%.
Porcentajes similares se aplican a las ejecuciones extrajudiciales: considerando la totalidad de las personas asesinadas en relación con acusaciones de blasfemia, es decir, 84 desde 1987 hasta 2021, la mitad son musulmanes, 42; los cristianos 23, lo que corresponde al 27%; ahmadis 14 y el resto budistas, hindúes o no identificados.
El mayor número de casos, con más del 75 %, se registró en Punjab, seguido del 18,4 % en Sindh, el 2,7 % en Khyber Pakhtunkhwa y el 1,5 % en Islamabad. También en este caso, si se considera solo el año 2021, las cifras coinciden: se registraron 68 acusaciones en Punjab, 7 en el territorio de la capital Islamabad, 5 en Khyber Pakhtunkhwa, 3 en Sindh y 1 en Cachemira.
En cuanto a las conversiones forzadas, sin embargo, el número aumentó como mínimo a 78 casos en 2021, un aumento del 50% en comparación con 2019 y del 80% en comparación con 2020. Las víctimas cristianas fueron 38; 39 hindúes y una mujer sij. Pero el dato más alarmante se refiere a la edad: en el 76% de los casos se trataba de menores.
Si bien el gobierno ha reconocido el problema y estableció una Comisión parlamentaria para proteger a las 10 minorías de las conversiones forzadas, en octubre del año pasado el Parlamento rechazó un proyecto de ley contra las conversiones forzadas. Hay algunas otras leyes para la protección de las minorías, pero rara vez se recurre a ellas.
El Centro para la Justicia Social denuncia el clima de intolerancia general que se ha creado en los últimos años, empezando por el sistema educativo. En 2021 se introdujo un plan de estudio nacional en la escuela primaria, pero el enfoque educativo de la escuela pública “se acercó al de la madrasa”, la escuela religiosa islámica, explica el informe. Las lecciones tratan solo del islam, mientras que «a los alumnos de las minorías se los priva del estudio de su propia religión».
Los libros de texto violan así el artículo 22 de la Constitución, según el cual «ninguna persona que asiste a una institución educativa puede ser obligada a recibir instrucción religiosa, ni a participar en una ceremonia religiosa, ni a asistir a un culto religioso, si tal instrucción, ceremonia o culto se refiere a una religión distinta de la propia”.
La situación es particularmente grave en Punjab, donde los ulemas presiden un consejo encargado de revisar los textos escolares. En junio de 2020 el estudio del Corán se hizo obligatorio sin dar alternativa a los estudiantes no musulmanes. En diciembre de 2021 también se impuso la recitación de algunas oraciones (darud sharif) y algunos versos del Corán antes del himno nacional, al comienzo de las asambleas escolares.
El Tribunal Superior de Lahore también emitió un fallo en noviembre de 2021 que autoriza a los jueces de distrito a realizar inspecciones y cerrar las escuelas que no cumplan con las disposiciones sobre la enseñanza del Corán. Hasta el momento el gobierno nacional no ha presentado una revisión de la sentencia.
